El polémico proceso de destitución de Dilma Rousseff posibilitó que Michel Temer quedara al frente de la presidencia de Brasil de forma interina durante los 180 días que dure el juicio político a la ex mandataria. Si es condenada, el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ocupará la primera magistratura hasta el 31 de diciembre de 2018, día en que finaliza el mandato. El gigante sudamericano padece una evidente pérdida de gravitación en la región y vive una crisis institucional que tiene en el ojo del huracán a funcionarios de primera línea, manchados por denuncias de corrupción.

Gisela Pereyra Doval, docente de Problemática de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, considera que el impeachment "demostró las limitaciones que existen en el orden institucional brasileño" para garantizar un escenario de previsibilidad. "La interpretación de las causas que promovieron el juicio político fue muy forzada. La idea del golpe parlamentario radica en el abuso del proceso por parte del Congreso y de los motivos menores a los que se alude, por lo que se los considera una arbitrariedad del proceso democrático", argumenta.

El Senado brasileño tiene tiempo hasta mediados de noviembre para decidir si Rousseff cometió el "crimen de responsabilidad" que le atribuye la oposición. Se la acusa de violar normas fiscales, alterando cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestario. "Nada que las administraciones anteriores no hayan hecho", afirma Pereyra Doval, tras recordar que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, uno de los principales impulsores del juicio político, utilizó de forma reiterada la misma maniobra durante su gestión.

En este escenario, la especialista en la política exterior y relaciones internacionales de Brasil sostiene que la suspensión de la jefa de Estado no fue una sorpresa, sino que se preveía desde hace tiempo. A lo largo del año pasado, Dilma recibió 35 denuncias en su contra, lo que significa que "se buscó una excusa para apartarla del cargo", explica. "No es lo mismo que haya un motivo real que abra la posibilidad de un juicio político a que se presenten distintas alternativas para encontrar una razón", agrega la investigadora del Conicet.

Para la académica, "no es un dato menor" que 36 de los 38 integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados que votaron a favor de la apertura del impeachment contra Dilma estén procesados por delitos de corrupción. El propio presidente interino, Michel Temer, "está acusado dentro del esquema de corrupción de la Operación Lava Jato de Petrobrás. El Tribunal Supremo Federal está considerando un segundo juicio político; esta vez en su contra", asegura.

En tan sólo 36 días de gestión, el gobierno interino de Temer sufrió las prematuras renuncias de tres de sus ministros. Henrique Eduardo Alves, quien ocupaba la cartera de Turismo, dimitió hace días luego de ser mencionado por un delator del mega escándalo en la estatal Petrobrás. Antes lo habían hecho los ministros Romero Jucá, de Planificación, y Fabiano Silveira, de Transparencia, tras la revelación de grabaciones en las que se los escucha discutir opciones para entorpecer la investigación.

La nueva conformación del gabinete, en tanto, guarda reminiscencias con la dictadura militar de 1974 en tiempos del presidente de facto Ernesto Geisel: está integrado en su totalidad por hombres blancos, sin mujeres ni minorías étnicas, lo que le valió una andanada de críticas a Temer, quien en respuesta propuso que una mujer esté al frente de la Secretaría de Cultura, pero todas las candidatas rechazaron el cargo.

La docente califica de "temerarias" las primeras medidas de gobierno y compara el clima social con la crisis argentina de 2001. Bajo esta premisa, aduce que abunda la desazón y la incertidumbre de lo que pueda pasar. "El presidente interino había prometido que no iba a aplicar las medidas de ajuste que está llevando adelante", asegura. "Suspendió la construcción de viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida, lo que representa un retroceso en relación a derechos sociales adquiridos", ejemplifica la investigadora, para quien las manifestaciones callejeras "agudizan el desequilibrio del débil gobierno interino".

Un puñado de años atrás se hablaba del rol protagónico de Brasil en la región y su proyección internacional en vistas de ocupar un lugar entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad se discute el impacto económico que genera la crisis brasileña en los países que lo consideran uno de sus principales socios comerciales. "La desaceleración de la mayor economía de Latinoamérica, que conlleva la caída de sus importaciones, repercute muy fuerte en la economía de sus vecinos, particularmente en Argentina", señala.

Así como hace un tiempo se decía que América Latina había dado un giro a la izquierda, esta vez parece ir en la dirección contraria. Ante este panorama, sostiene Pereyra Doval, los presidentes de centroizquierda están perdiendo fuerza en la región. "Es un proceso que comenzó en 2015, cuando Nicolás Maduro pierde la mayoría en el Parlamento venezolano; siguió con la derrota de Evo Morales en el referéndum para su reelección; después con el triunfo de Mauricio Macri en nuestro país, y dio el golpe de gracia con el impeachment a Dilma. Es un ciclo que está finalizando", concluye.

*Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR.