El flagelo del narcotráfico no es un fenómeno exclusivo de la provincia de Santa Fe. Ni siquiera de Argentina. Tampoco de América Latina. Es un problema de carácter mundial. El paradigma prohibicionista generó un negocio ilícito que mueve anualmente más de 500 mil millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). "Las drogas están instaladas desde tiempos inmemoriales, pero se convirtieron en un problema a partir de abordajes equivocados que demonizan al consumidor y a las sustancias", sostiene Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La investigadora aboga por la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal y pone el acento en el papel del Estado en relación a la implementación de políticas públicas que den lugar a la asistencia del consumidor, brindándole apoyo, contención e información. "Necesitamos contar con una atención primaria para prevenir y/o asistir el consumo con políticas de reducción de daños", señala.

Ahora bien, ¿qué es la reducción de daños? Son estrategias de intervención en conductas que provocan riesgos para la salud, que buscan mitigar las consecuencias negativas que ocasionan los estupefacientes, intentando reducir riesgos asociados como las enfermedades de transmisión sexual o el peligro de sobredosis. Esta última tomó visibilidad en el país con la muerte de jóvenes en fiestas electrónicas realizadas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

"Es un abordaje amigable y pragmático", define Inchaurraga, quien se declara en contra de "la guerra contra las drogas" por sus efectos devastadores en la población, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad social. "En el escenario actual de clandestinidad, donde no se conoce la composición química de la pastilla en el caso de las drogas sintéticas y se desconoce la pureza de otras sustancias que se comercializan en el mercado negro, deja expuesta a la persona a muchísimos riesgos que pueden terminar en la muerte", alerta.

Para la especialista, es necesario garantizar el acceso a información que dé cuenta sobre los riesgos que trae aparejado el uso de estupefacientes. "No hay que malinterpretar estas estrategias; no legitimamos el consumo ni hacemos apología de ninguna manera. Tenemos que madurar como sociedad y aceptar que es una realidad asentada, que es necesario encararla desde un abordaje práctico y auxiliar al eslabón más débil de la cadena", indica.

"En un extremo está el pibe que muere de sobredosis en una villa y en el otro un joven de clase media que muere de sobredosis en una fiesta electrónica. En ambos casos el Estado está ausente, cuando debería afrontar este flagelo de forma realista para que esas personas conozcan los riesgos vinculados al consumo de drogas, con acceso a información y a un sistema sanitario que pueda atenderlos de manera adecuada", señala la investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUNR).

Psicóloga de profesión, Inchaurraga apunta contra la filosofía con la que se rigen las instituciones públicas como las cárceles, los reformatorios y los institutos de menores, donde no hay una evaluación diagnóstica ni un afán de rehabilitación, sino que se centran en la exclusión social del individuo. "Queremos que los consumidores dejen de ser tratados por el derecho penal como delincuentes", puntualiza.

"En tanto no le encontremos la punta al ovillo y sigamos alimentando la lógica bélica del consumidor peligroso -advierte-, corremos el riesgo de que se fortalezcan los poderes represivos del Estado y cualquier hecho va a ser percibido como una situación de peligro colectivo, fomentando una percepción social que considero equivocada".

En esa línea, la especialista no duda en afirmar: "Si queremos garantizar la salud pública, no podemos seguir con un paradigma que pelea contra objetos inanimados como son las sustancias sin dar respuesta a todos los problemas psicológicos y sociales vinculados a los usuarios de drogas".

En sintonía con el planteo de la experta, un grupo de más de 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país firmaron el pasado 29 de agosto un documento en el que reclaman, entre otras cosas, una nueva política que "no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas" y respete los derechos humanos. "Se ha impuesto una lógica bélica en la que los consumidores son enemigos públicos por el hecho de usar sustancias ilegales", agregan.

La académica califica de demagógicos los discursos de la clase política "sin importar su procedencia", que tienden a un enfoque conservador de la problemática, replicando recetas instrumentadas por países que sufrieron daños colaterales devastadores (Estados Unidos, Colombia, México). "Terminan abonando aquello que quieren evitar y lo que necesitamos es un giro estructural", concluye.

*Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR