En lo que fue su debut en la escena pública, el Procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Agustín Bassó protagonizó ayer un fuerte cruce con la municipalidad de Rosario al poner en duda la efectividad de las políticas que aplica para evitar accidentes de tránsito. El flamante funcionario instruyó a la Fiscalía en turno para que intervenga activamente en el control del cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad, teniendo en cuenta "el descontrol generalizado que se advierte en el desplazamiento de vehículos por las calles rosarinas". Bassó indicó a la Fiscal que, en caso de constatar incumplimientos, inicie las acciones legales que correspondan. El Procurador hizo referencia a las innumerables infracciones de tránsito que se constatan a simple vista en la ciudad, de los cuales él ha sido testigo, y denunció que solamente se persigue "un afán recaudatorio". El subsecretario de Gobierno, Fernando Asegurado señaló que las declaraciones del Procurador demuestran un "absoluto desconocimiento" de lo que realiza la ciudad en materia de control de tránsito y que "en este tema, lo que no hay que hacer es declaraciones sino acciones".

Surgido tras una polémica designación realizada por el gobernador Jorge Obeid, que generó el rechazo de la totalidad del arco político santafesino, el funcionario embistió contra los inspectores de tránsito.

"No obstante la presencia de inspectores de apoyo en esos lugares (radio céntrico), circulan vehículos en ostensible infracción a las normas de tránsito vigentes, pudiéndose citar, entre muchos otros ejemplos: bicicletas circulando a contramano, ciclomotores y motocicletas transportando más personas que las permitidas, con sus conductores y acompañantes sin casco de protección; conductores de automóviles, sin utilizar el cinturón de seguridad; conductores de vehículos automotores en marcha hablando por teléfonos celulares; carros a tracción de sangre (con caballos) o a tracción manual, conducidos por niños; todo ello sin que ninguno de los inspectores actúe en la emergencia. Dicha situación ineludiblemente colabora a la producción de accidentes que en muchas ocasiones muestran como resultado la muerte de alguno de los involucrados", afirmó en su resolución.

Bassó incluyó en sus considerandos un informe de la Revista Panamericana de la Salud Pública que publica un estudio realizado respecto del tránsito santafesino, con datos alarmantes en cuanto a la cantidad de infracciones y a la magnitud de éstas. "Entre el 2 y el 4 de enero de 2006, se verificó en 13 sitios de la ciudad el cumplimiento de las normas que obligan a los automovilistas a usar cinturón de seguridad y a llevar a los menores de 10 años en el asiento trasero, y a los motociclistas, a conducir con casco y a no transportar menores".

Luego el Procurador dijo que "las observaciones abarcaron 4173 automóviles y 1013 motocicletas. Solo el 9% de los conductores de automóviles usaban el cinturón de seguridad. El 56% de los 246 autos que transportaban menores, éstos se hallaban en el asiento delantero. En cuanto a los motociclistas, solo el 12% usaba casco y el 6,7% transportaba niños. Al comparar estas observaciones con cinco registros anteriores, se comprobó que en los últimos tres años disminuyeron los porcentajes de acatamiento de estas normas de tránsito".

En rueda de prensa, Asegurado respondió a Bassó. El subsecretario de Gobierno municipal sostuvo que era "realmente grave" el decir del Procurador sobre el afán recaudatorio. "En Rosario hace 10 años que viene disminuyendo año tras año la cantidad de muertos por accidente", señaló Asegurado, quien a modo de ejemplo expresó que "en el año 1991 se registraron 195 muertos por accidentes, mientras que la proyección de este año da 41". Para Asegurado "las declaraciones de Bassó no tienen un fundamento real ni científico basado en las políticas públicas locales, y no fue un buen debut para su primera aparición pública".