En agosto de 2006 el gobierno nacional lanzó un plan de otorgamiento de créditos hipotecarios para la primera vivienda con el objetivo de paliar el alto valor de los alquileres en relación con el monto de los salarios que no permitía generar un ahorro para comprar una vivienda. Un año y medio después, la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario asegura que en los últimos dos años los alquileres no han aumentado considerablemente, mientras que desde la agrupación Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) no dudan al afirmar que el aumento en cada renovación fue como mínimo del 60 por ciento. En lo que sí coinciden es en que los créditos no fueron de alcance masivo, aunque difieren en los motivos causantes. En tanto, desde el Banco Nación -que desde el 14 de febrero aumentó las tasas de estos créditos del 8.4% al 9.5% hasta 2011- sostienen que se otorgaron muchos créditos, en su mayoría superiores a los 100 mil pesos y que están muy bien.

Cuando Rosario/12 preguntó qué sector de la población había tenido acceso a estos créditos hipotecarios, el gerente del Banco Nación, Hugo José Williner, respondió que "muchos empleados en reparticiones públicas como el Ansés o las universidades", y explicó que "había líneas que había que cumplir, y hay gente que no pudo", porque el banco no sólo debe conocer los ingresos del solicitante, sino que "tiene que velar por no financiar la compra de una vivienda por ejemplo a 20 metros de una villa, porque si después no se cumplen los pagos el banco recupera la propiedad por un valor menor al de mercado".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, Javier Grandinetti, afirmó que los créditos no fueron de alcance masivo porque "esta brecha de la relación cuota-ingreso no se puede sostener con las tasas hoy vigentes", y sugirió que el Estado debería subsidiar un porcentaje, sugerencia con la que coincidió Natacha Villalonga, asesora legal del IRA, quien recordó que cuando se anunciaron estos créditos adelantaron que muchos de los inquilinos no iban a poder acceder porque tenían que tener un monto de ingresos demostrados, y porque hay una limitante de edad -65 años a la fecha de cancelación del préstamo-, al tiempo que refutó la idea de que "esto iba a frenar la suba de los alquileres", argumentando que "los aumentos han ido desde el 60 por ciento como mínimo hasta el ciento por ciento".

En este sentido, Villalonga reconoció que no puede determinar el número de créditos otorgados -información que desde la sucursal local del Banco Nación no quisieron dar y que la Cámara de Empresas Inmobiliarias también desconoce- y subrayó que si bien habrá gente que accedió a estos créditos, en su mayoría las quejas posteriores al lanzamiento provenían de la imposibilidad de acceso, por lo que actualmente la mayoría de las consultas que reciben siguen siendo en relación a las renovaciones e indexaciones en los contratos de alquiler.

Sin embargo, Grandinetti aseguró que si se comparan "los contratos firmados a principios de 2007 contra los contratos firmados a finales de ese año, la variación fue de un 10 a un 15 por ciento", pero reconoció "si se toma un contrato firmado en 2005 y uno firmado en 2007 hay una variación de un 50 a un 70 por ciento", aunque destacó que "estamos hablando de dos años" en una economía inflacionaria.

Así, el argumento que dio para estos aumentos fue que luego de la crisis de 2001, al frenarse la inversión inmobiliaria, hubo una escasez en la oferta que disparó los precios de los alquileres, pero luego de la reactivación económica, al aumentar la oferta, hizo que los inmuebles estén más tiempo vacíos por lo que algunos alquileres han bajado y ha bajado también la rentabilidad para el propietario. "Se trata de la relación oferta-demanda", aseguró.

En este sentido, Villalonga sostuvo que "la solución tiene que venir por parte del Estado, porque el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, y para quienes alquilan es un servicio de primera necesidad que no puede quedar librado a la imposición de quienes manejan los grandes capitales inmobiliarios", aunque aclaró que no están de acuerdo con poner un tope al monto de los alquileres pero sí con buscar soluciones que a partir de la intervención del Estado hagan que el acceso a la vivienda sea efectivo, como podrían ser créditos con tasas subsidiadas o la creación de un servicio público de alquileres.