El conflicto en la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario que obligó al gobernador Hermes Binner a intervenir la entidad y desplazar de la presidencia al histórico Augusto Duri tuvo ayer otro capítulo imperdible: una audiencia pública que convocó el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, para ventilar el pleito en un proceso que no tiene antecedentes en la provincia y en el país. En la práctica, un juicio en sede administrativa que terminará, no con una sentencia o un laudo arbitral, sino con un dictamen de Barraguirre que aconsejará a Binner ratificar la intervención o revocarla. Lo de ayer fue una ronda de testigos que dejaron mal parado a Duri y hasta revelaron detalles de sus manejos y luego el alegato de las partes que ahora tendrán diez días para presentar un escrito con lo que, a su criterio, Barraguirren debería sugerir al gobernador.

La interna estalló en la última asamblea general ordinaria de la Federación, el 30 de agosto del año pasado, cuando Duri fracasó en su intento de eternizarse en el cargo y la mayoría de los asambleístas se inclinó por una lista opositora que lideraba Fernando Montagna. Duri impugnó a uno de los candidatos de su contra, pero no logró su objetivo, entonces, abandonó la asamblea y se llevó el libro de actas debajo del brazo. En represalia, sus opositores lo echaron de la entidad que presidió durante años.

El 24 de enero, Binner decretó la intervención (decreto 098/08) y desplazó de sus cargos a los directivos, entre ellos a Duri y al ex vicepresidente Carlos Franco, hoy enrolado en las filas de Montagna. Mientras Barraguirre convocaba a la audiencia de vista de causa que se realizó ayer para escuchar a las partes. El litigio en la Federación de Cooperadoras de Rosario se convirtió así en un caso piloto: el primero en la provincia ("y en el país", dijo Barraguirre) que se dirime en un proceso administrativo que tiene el mismo montaje de un juicio oral y público: testigos, abogados de las partes y el fiscal de Estado como tercero imparcial. "En principio, este tipo de audiencias públicas está previsto para los reclamos en sede administrativa en los que se perciba algún interés institucional importante", comentó Barraguirre a Rosario/12. Y anticipó que convocará a otras similares para debatir sobre derechos en pugna.

La audiencia se realizó en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral. Y la presencia de la vicegobernadora Griselda Tessio -a quien acompañó el decano de la Facultad, José Manuel Benvenutti- reflejó el interés del gobierno en este mecanismo para resolver conflictos que inauguró la Fiscalía de Estado.

En la primera parte, quedó bajo la lupa la asamblea de la fractura, la noche del 30 de agosto. Duri se sentó al lado de sus dos abogados y desde allí escuchó los relatos de los testigos que desfilaron por el recinto. Uno de ellos, Juan Baustista Osuna, explicó por qué no había firmado un acta de la asamblea que Duri le acercó a su casa una semana después de la reunión y en cambio convalidó otro documento que consagraba la elección de la lista de Montagna. "Duri fue a mi casa y me llevó una hoja con una copia de lo que decía el acta que nunca tuve en la mano, quería que la leyera y la firme. Me pareció que no era lo justo porque no era lo que había pasado en la asamblea. Entonces, me negué a firmarla", relató Osuna.

Su colega, Esteban Hernández, ex integrante de la mesa ejecutiva de la Federación, recordó después sus intentos para convencer a Duri que no impugnara la lista de Montagna. "Le dije que era el mayor error... Le propuse que evitáramos el desgaste de la entidad e hiciéramos un proceso electoral transparente, sin impugnaciones estúpidas, ni chicanas baratas", contó Hernández. Pero Duri no lo escuchó. "Entonces, para mi esta impugnación fue un capricho de Augusto que no quería ir a un proceso electoral", dijo Hernández, quien se lamentó también por "la imagen patética" que ofrecía el movimiento cooperador de Rosario y el impacto que la pelea. "Lo nuestro es penoso. Esto destruye la educación pública más de lo que ya está destruida", agregó.

El testimonio de otro cooperador, Juan Domingo Pedraza, complicó más a Duri. Pedraza fue uno de los que firmó el acta de la asamblea que redactó Duri y después se arrepintió. "Yo tuve un problema familiar, falleció mi señora y estaba muy mal. Me llevaron a un café y me dijeron: 'Mirá, Juan, vos tenés que firmar el acta de la asamblea (del 30 de agosto). Está todo bien. La comisión queda como está'.", dijo Pedraza y se quebró en llanto. Pero siguió: "Me agarraron en un momento muy malo. Lo que me acuerdo es que se le cayó una hoja del libro de actas. Y dijo: 'No, a esta hay que pegarla'. No me dieron tiempo a leerla (el acta). Me dijo: 'Firmá, Juan'. Yo tenía mucha confianza en esa persona y firmé. La verdad es que me defraudó".

"Si yo hubiera estado en una situación normal no lo hubiera firmado por nada del mundo. Primero, la hubiera leído. Y segundo, porque el acta no era la realidad de lo que había ocurrido en la asamblea. Y todavía no la leía al acta", sorprendió Pedraza.

-¿Cómo? ¿Todavía no leyó el acta que firmó? -repreguntó el abogado de Duri.

-No, porque no tuve oportunidad.

-¿Y cómo sabe que no refleja lo que sucedió realmente?

-Por comentarios de otros cooperadores.

Otro abogado volvió a la carga: "Usted dijo que en esa circunstancia de la firma del acta alguien lo llamó por teléfono y lo llevó a un bar. ¿Puede manifestar el nombre de esa persona?

-El señor Augusto Duri -contestó Pedraza.