Hoy, durante la Jornada de Discusión que los inquilinos mantendrán en el Concejo Municipal junto a ediles de las distintas bancadas; se dará a a conocer el proyecto sobre el tema que ha presentado el concejal del ARI Nire Roldán. Se trata de la creación de un Servicio Público de Alquileres, un organismo del Estado municipal, con autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera que intervenga en la dinámica del mercado de alquileres de vivienda y locales comerciales, facilitando las transacciones y priorizando los derechos de los inquilinos, según detalló su autor.

El Servicio Público de Alquileres, funcionaría en la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos, y tendrá entre otras funciones fomentar las locaciones urbanas, llevar un registro de inmuebles para alquiler, confeccionar un programa de beneficios para la inversión privada de viviendas destinadas a este mercado.

"La instrumentación es sencilla. Cualquier propietario que lo desee puede incorporarse al Programa del S.P.A. a través de la firma de un convenio por el cual cede el inmueble al S.P.A por un plazo de cinco años y realiza el pago de una suma de dinero equivalente al tres por mil del valor fiscal de su propiedad; a cambio se le garantiza la devolución del mismo en las mismas condiciones que lo entregó, y la percepción de la cantidad de dinero acordada por mes, independientemente del comportamiento del inquilino durante toda la vigencia del contrato", explicó el concejal Roldán.

Además, para los inquilinos "las ventajas son varias. En primer lugar, ya no estarán frente a una casa inmobiliaria que imponga sus condiciones en contratos modelos o de adhesión, sino que actuará el Estado quien garantizará el respeto de los principios de equidad y razonabilidad de la contratación que se lleva a cabo. Otro beneficio será la extensión de la duración del convenio, llevado a cinco años para despreocupar al locatario que hoy se ve obligado a renovarlo cada o tres años, según se trate de un inmueble destinado a vivienda o local comercial". Además contará con el debido asesoramiento profesional para preservar tanto su situación legal, como el buen estado de la vivienda. "Por ultimo, resolverá el angustiante problema que genera la búsqueda de garantías propietarias (hasta tres) o recibos de sueldos (hasta cuatro) que exigen las inmobiliarias, requiriendo en este caso aval bancario y/o recibo de sueldo por un importe equivalente a tres mensualidades". Una innovación resulta la fianza que debe prestar el contratante, equivalente al depósito de dos meses de alquiler en una cuenta del banco municipal, pero con la particularidad que a la finalización del contrato la suma será reintegrada con más los intereses devengados si se cumplieron las obligaciones pactadas.

Nire Roldán, sostiene que el Estado tiene diversas formas de intervenir, y así lo demuestran los países más desarrollados "procurando políticas públicas para favorecer las locaciones inmobiliarias sin descuidar los intereses y derechos de cada una de las partes involucradas en la contratación. Es el caso de Alemania, Suecia, España, y hasta Venezuela". En este caso para su implementación propone la creación de un Fondo Municipal para el programa del Servicio Público de Alquileres, el cual estaría integrado por un porcentaje que el Estado Municipal incluya en su presupuesto anual, recursos derivados de los importes percibidos de los propietarios al momento de suscribir el contrato, correspondiente al 3 por mil de la valuación fiscal del inmueble en cuestión, y el ochenta por ciento (80%) de lo recaudado por el Municipio de las inmobiliarias en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DREI).

La jornada de discusión que propuso la asociación Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA), se desarrollará hoy en el recinto del Palacio Vasallo (sito en Córdoba 501) a las 15, tiene como fin plantear la problemática y las consecuencias que viven aquellas personas que no pueden obtener una vivienda propia y que por consiguiente tienen que alquilar. Están invitados a participar locatarios afectados por el mercado inmobiliario, diputados provinciales, legisladores nacionales, representantes de la Cámara Inmobiliaria y concejales rosarinos.