Con la firma del rector Darío Maiorana, el decano de Derecho, Ricardo Silberstein, y el asesor jurídico de la UNR, Aldo Baravalle, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentará hoy amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resguardo de los intereses de los ciudadanos rosarinos por el impacto ambiental y en la salud pública que está generando la quema de pastizales en la zona de islas. Silberstein dijo a Rosario/12 que la presentación "es diferente" a la que realizó en su momento la Municipalidad de Rosario porque "está fundada en otros artículos de la ley ambiental".

Silberstein señaló que la iniciativa, que en su momento fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UNR, surge por "el grado de daño que se le ha hecho fundamentalmente a Rosario y su zona de influencia a través del humo; todo eso sin perjuicio del daño al ecosistema, pero el daño que ha sufrido la sociedad, y como la población sigue expuesta, nos obligó a que como decano de la Facultad de Derecho de una Universidad nacional, que tiene por obligación tratar de devolverle a la sociedad lo que recibe de ella, estudiar la posibilidad de hacer algún tipo de planteo".

"A partir de allí ﷓continuó Silberstein﷓ convoco a los titulares de las cátedras de Derecho Ambiental, los doctores Luis Facciano y Carlos Arcocha; planteándoles la necesidad de realizar un recurso en base a la ley ambiental, que tenga una tramitación rápida, y que tienda a ordenarle a la provincia de Entre Ríos a que cese la generación de humo por los incendios".

De todas maneras, el decano sostuvo que si bien la idea nace de la Facultad de Derecho, "la hizo propia toda la Universidad, al colaborar gente de las facultades de Agrarias, Ingeniería, Medicina y Bioquímica, con la presentación de distintos informes".

En este sentido, Arcocha explicó que Ciencias Médicas presentó "pericias de las cátedras de Alergia e Inmunología, Neumonología y Medicina Social y la de Bioquímica hizo el análisis de dioxinas y furanos en aire". Arcocha agregó: "La emisión de dioxinas del mes de abril hasta el mes de setiembre incluido, dio una medida de 2,63 unidades químico tóxicas por año. Para tener una idea de comparación, el máximo admitido a Botnia por el gobierno uruguayo es de 00,163".

El titular de la cátedra de Derecho Ambiental de Derecho dijo que la presentación es una demanda de amparo por incidencia colectiva, la ley 25675, por la cual se pide "exclusivamente el cese de fuego, y que se arbitren todas las medidas por parte del gobierno de Entre Ríos".

Silberstein aclaró que el planteo que realizarán ante la CSJN es diferente al que en su momento hizo el municipio, que accionó contra los gobiernos de Entre Ríos y Buenos Aires y la Nación. "El nuestro es un planteo más complejo y está fundado en otros artículos de la ley ambiental", dijo.