En los últimos tres meses se duplicó la cantidad de chicos en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR): de 20 pasaron a ser 39. Hay chicos durmiendo en la peluquería, en el sector de enfermería y en los patios internos. Desde la Dirección de Justicia Penal Juvenil cuestionan a los jueces de Menores por no adoptar los programas alternativos de recuperación y explican que el encierro es poco efectivo, por lo que debiera ser la última opción. En ese marco firmaron un acuerdo para que algunos chicos en conflicto con la ley construyan sillas y bancos para escuelas públicas. El juez de Menores Juan José Carmona argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial. Mientras, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia: "El IRAR es una jaula sucia donde los pibes viven hacinados, lejos de ayudarlos se ha convertido en una escuela de marginalidad".

Pablo tiene 16 años y está otra vez tras las rejas en el IRAR. Cayó por hurto, un delito que no es lo suficientemente grave como para estar privado de su libertad, pero su familia no lo quiere de vuelta. La última vez que robó en el barrio los vecinos les quemaron la casa y ahora los suyos se niegan a recibirlo. Pablo, junto a otros 38 chicos se pasa el día encerrado en una celda compartida, no hay para él otro lugar en el mundo. "Mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel y no de instituto -dispara Néstor Zapata de la Coordinadora de Trabajo-. Da la sensación de que no saben qué hacer con los pibes y entonces los meten en una jaula. Viven hacinados, abandonados, solos durante todo el día, prácticamente no hay talleres ni escolarización. Semanalmente algún chico entra en crisis".

Desde la dirección de Justicia Penal Juvenil, Silvia Crescente, se defiende y afirma ya fue aprobada la contratación de 22 personas para que trabajen en el lugar como capacitadores culturales. Mientras, algunos especialistas explican que el encierro recrudece y potencia la violencia, un efecto muy lejano a la pretendida recuperación.

Al respecto el juez de menores Carmona, que recibió el viernes pasado el detalle de los programas, opina: "Todas las medidas alternativas son perfectas y notamos que hay más compromiso por parte del gobierno, pero recién están empezando, falta aceitarlos para que tengamos la garantía de que cuando el pibe quede libre siga siendo efectivamente contenido".

Respecto a los cuestionamientos, Carmona responde: "No voy a disputar con el gobierno de la provincia. La culpa no la tengo yo ni la tiene (Hermes) Binner. Lo que hace falta es un código procesal penal del menor en donde el magistrado no esté en todo. Hoy el juez de minoridad investiga, sentencia y controla que la sentencia se cumpla. Necesitamos que haya investigación fiscal, jueces de garantías y jueces de sentencia. Una justicia penal juvenil donde estén diferenciadas las medidas cautelares y definitivas. Todo eso existe para los mayores, pero se ve que para la infancia hay menos ímpetu".

Tan sólo por el juzgado de Carmona este año pasaron 1500 menores denunciados por violar la ley penal. Pero él asegura que la percepción popular de que cada vez hay más niños y adolescentes que delinquen es "sólo un termómetro más bien mediático". Y opina que los métodos alternativos deben ser usados pero que en los casos de homicidio, robo calificado y violación es necesario privar de la libertad al infractor: "No todo es libertad, los niños también tienen que ser responsables de sus actos", sostiene. Cuando le recuerdan que el lugar donde los chicos que delinquen están encerrados es el IRAR, un sitio más cercano al hacinamiento y el abandono que a la recuperación, el juez reflexiona contundente: "El derecho también puede ser veneno".