El sindicato que agrupa a los trabajadores de General Motors, Smata, denunció ayer que la automotriz incumplió el acta acuerdo firmada el 29 de diciembre pasado con el Ministerio de Trabajo de la Nación. "Entraron a trabajar empleados de una empresa contratista, a realizar tareas que podrían hacer los efectivos que están suspendidos", indicó el secretario general de Smata Rosario, Marcelo Barros, quien afirmó que "la empresa no respeta lo que firma. El 29 de diciembre se rubricó el convenio para que todos los contratados suspendidos hasta junio, y los efectivos hasta diciembre, y que están cobrando el 80 por ciento del sueldo de bolsillo, iban a tener prioridad para destinarles las tareas. Ahora traen gente de una tercerizada, porque dicen que necesitan unos trabajos, pero perfectamente lo pueden hacer nuestros compañeros". Por eso, ayer una asamblea del personal paralizó la producción desde las 6 de la mañana hasta las 19, y hoy repetirán la reunión. Mientras tanto, el gremio denunció la situación ayer, por mesa de entradas del Ministerio de Trabajo de la Nación, y esperaban para hoy respuestas del gobierno y de la empresa.

Los empleados ingresados irregularmente, según denunció el gremio, son entre 50 y 60. "Podrían ser tareas asignadas a los compañeros efectivos que están suspendidos", subrayó. Por eso realizaron una asamblea, para analizar los pasos a seguir.

El conflicto por las tareas asignadas a personal tercerizado tiene su origen en la intención de la firma de deshacerse de unos 150 efectivos, algo que el sindicato viene denunciando desde octubre, cuando se desató el conflicto. En realidad, en los períodos de conciliación obligatoria provincial y nacional, esos trabajadores no fueron reincorporados a sus tareas, sino aislados con el eufemismo de destinarlos a "capacitación", en un sector llamado Chevy Club, destinado a recreación.

"Nosotros les decimos que esas tareas que realizan los tercerizados se les encomienden a algunos de nuestros 160 efectivos", indicó Barros, quien afirmó que los empleados ingresados irregularmente pertenecen a contratistas, y por lo general cumplen tareas durante los fines de semana. "Pero desde el 5 de enero están trabajando. Ellos ese día tenían que sacar a todo el mundo, porque estaban suspendidos los contratados y efectivos, así que no pueden meter a otras personas. Pero esta semana pasada ya los pusieron a trabajar. Nosotros les veníamos advirtiendo que no lo vamos a aceptar", explicó Barros, quien advirtió los temores sindicales. "El 22 de enero hay un receso y la gente volverá a trabajar el 1º de marzo. No queremos que nos hagan la misma bicicleta que con el Gran Vitara, que iba a terminar de fabricarse el 1º de noviembre, pero con el conflicto continuaron trabajando hasta el 30 de diciembre", denunció.

De los 2000 empleados que General Motors tiene en su planta de Alvear, los suspendidos son 270. A ese número se llegó después de un largo conflicto que comenzó el 24 de octubre, con 435 telegramas de despidos. Las cesantías quedaron sin efecto por la conciliación obligatoria dictada por la provincia, pero esa negociación, prorrogada en dos oportunidades, no logró destrabar las negociaciones. Después, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. Recién el 29 de diciembre llegaron a un acuerdo. Es que la empresa quería circunscribir las suspensiones a un grupo, y el sindicato exigía que fueran rotativas. Finalmente, se llegó a un acuerdo. "La empresa no quiere reflexionar que firmó un acta. Nosotros denunciamos en el Ministerio de Trabajo de la Nación que no están cumpliendo, y seguiremos los pasos administrativos y legales. Esperamos una respuesta de la empresa, que saque a los empleados de las contratistas", apuntó Barros.

Para el dirigente sindical, General Motors "sigue provocando, mide fuerzas con el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Le faltó el respeto al gobernador Hermes Binner y también quiere hacerlo con el gobierno nacional". Pero advirtió: "Con nosotros no van a hacer lo que quieren, queremos que respeten a la gente, y a la ley. Tienen que respetarnos".