El barrio República de la Sexta, ubicado en el extremo este de la ciudad, parece atravesado por una herida que lo divide en dos irremediablemente. Por un lado están los vecinos del asentamiento irregular conocido como La Siberia, nombre que también identifica la zona de la ciudad universitaria. Y por el otro, aquellos que viven en el sector urbanizado y se quejan porque los robos y arrebatos no tienen fin. La brecha crece con cada hecho delictivo, como el del martes pasado, cuando María Carrizo, una mujer de 31 años fue asaltada y asesinada en Chacabuco al (2200) mientras iba al trabajo. Sin embargo, como si de un puente imaginario se tratara los mismos vecinos presentaron a fin del año pasado un proyecto de urbanización que contempla la apertura de calles, iluminación y construcción de viviendas para que las familias más pobres puedan salir de la exclusión e incorporarse a la sociedad de una manera digna. "Hasta ahora nadie nos dio una respuesta", se lamentan. El intendente Miguel Lifschitz, aseguró a Rosario/12 está previsto que se construyan en el área (27 de Febrero, Esmeralda, Pellegrini y el río) unas 500 casas aunque no puso fecha. Y respecto a la seguridad disparó: "Fueron muchos años de tolerancia policial y política hacia los traficantes de estupefacientes".

La propuesta de los vecinos fue presentada a principios de diciembre del año pasado en la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal. "La titular de esa comisión (Viviana Foresi, del socialismo) nos dijo que no hay dinero suficiente para realizarlo y dejó entrever que está previsto un emprendimiento inmobiliario", afirmó Adriana De Biassi una de las mentoras. Por su parte la Secretaria de Planeamiento municipal Mirta Levin descartó de plano esta posibilidad. "Allí esta pensada la construcción de 500 viviendas sociales en un proyecto conjunto con la UNR que cedería los terrenos. Pero para eso se necesita financiamiento provincial o nacional. La municipalidad no está en condiciones de afrontar esa erogación y si no se construyen las casas no se puede pensar en la apertura de calles", puntualizó.

Al respecto el intendente Lifschitz aseguró que "República de la Sexta es una de la prioridades que se va a tener en cuenta a las hora de gestionar proyectos con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación". En ese marco, reconoció que Rosario tiene un déficit habitacional muy grande. "Se necesitan más de 20 mil viviendas", aseguró. Y recordó que ya fue aprobada por el Ministerio de Planificación una segunda etapa del Plan Hábitat que implica la construcción de unas 7500 casas. Resta que sea incluido en el Presupuesto 2009 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que pueda ponerse en marcha en el 2010.

Recorrer las calles de república de la sexta por estos días es encontrar un barrio sencillo en efervescencia. "Desde hace un año estamos peregrinando en la comisaría cuarta que argumenta no tener personal ni recursos -cuenta Liliana Vázquez- es por eso que decidimos pensar en una propuesta amplia que les mejore la calidad de vida a quienes están excluidos". Pero conjuntamente con esta iniciativa que deja claro que la seguridad es un problema social están pensando en conformar una ONG contra la inseguridad. El 18 de febrero los vecinos de este barrio se reunirán con otros que viven en jurisdicción de las seccionales 1ª, 2ª,3ª, 4ª, 5ª,6ª y 10ª. "Vamos a organizar una marcha multitudinaria pidiendo respuestas al Gobernador Binner. La mayoría lo votamos y queremos que haga algo", exigen.

"Nos han robado a todos, en algunos casos cinco o seis veces", se lamenta Adriana De Biassi. Sin embargo lejos del reclamo de mano dura aparecen otras alternativas como el pedido de incorporar a la sociedad a los sectores carenciados que los rodean. "Sabemos que hay gente honesta que también está sufriendo y nos parece justo que el municipio haga un relevamiento de cada situación y se logre modificar", afirmó.

Lifschitz fue contundente al hablar de la inseguridad: "Es el resultado de 30 años de políticas sociales que no han contemplado la inclusión social y de una tolerancia policial y política hacia los traficantes de estupefacientes".