El municipio descartó ayer la posibilidad de subsidiar la compra de equipos de seguridad para taxis tras la prórroga de 30 días hábiles que concedió el jueves el Concejo. "Hablar de subsidios no es viable en este momento", planteó el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Leone saliendo al cruce de los argumentos de las cámaras de propietarios de licencias quienes señalaron que la inversión demandada ($4000 para la instalación de los equipos, más $400 de abono mensual) complicará la ecuación económica del sistema en un contexto de crisis, con marcado descenso en la cantidad de viajes realizados. El funcionario comentó que una alternativa es "conseguir el financiamiento del Banco Municipal al cual ya accedieron 70 licenciatarios, un crédito que da flexibilidad, a sola firma y en plazo prolongado". Leone recordó que la ordenanza que entrará en vigencia a mediados de abril surgió "tras largas reuniones y el consenso de todos los sectores involucrados", razón por la cual prácticamente desechó cualquier reforma a la normativa.

El gobierno municipal refutó las afirmaciones que había formulado a Rosario/12 el máximo referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI), Mario Cesca quien puso en duda la viabilidad del paquete a implementar -rastreo satelital GPS, botón de pánico, micrófono ambiental y cámara digital en conexión con Servicios Públicos y la Unidad Regional II de Policía para actuar rápidamente ante cualquier incidente﷓ a raíz de los elevados costos.

"La reglamentación de la ordenanza es imposible de cumplir, así los números no cierran de ninguna manera", lanzó el dirigente para después reclamar un subsidio al municipio mediante el impuesto al GNC.

Curiosamente el planteo empresario encontró respaldo en el sector gremial. "Son serios los problemas de financiación", indicó Horacio Boix, al frente del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario. "La Municipalidad tendría que llamar a licitación y que el Banco Municipal financie la instalación de los dispositivos", exigió.

"Hablar de subsidios no es viable en este momento", sostuvo Leone en declaraciones a LT8 para después recordar que la ordenanza sancionada e año pasado por los concejales "se discutió durante casi seis meses, él (por Cesca) estuvo sentado en la mesa de trabajo y cuando se estaba votando ya estaba planteando su oposición pública a la misma".

Según Leone "hay un universo cada vez más chico de personas que todavía no han cumplido con la norma. Trabajamos sobre una opción del financiamiento del Banco Municipal al cual ya accedieron 70 licenciatarios, un crédito que da flexibilidad en plazo prolongado".

Consultado sobre las razones por las cuales el municipio accedió a la prorrogar el plazo que entraba en vigencia el jueves, el funcionario declaró: "Planteamos que podía ser necesario una prórroga por un tiempo para poder seguir implementando la ordenanza, la cual fue elaborada con mucho trabajo y se votó con mucho consenso por lo que en esta instancia entendemos que es necesario flexibilizar algunas cosas que pueden determinar condicionamientos en su aplicación", explicó Leone.

"Siempre hay instancias de rechazo -continuó﷓ pero en términos generales, los taxistas están trabajando en la incorporación gradual de los dispositivos y en esa proporción seremos tolerantes".