"Un organismo de control civil sobre la policía no debe detenerse en la falta individual sino analizar las condiciones que propician ese delito, detectando además las complicidades externas de esa red de la que forma parte la policía". La definición corresponde al criminólogo Enrique Font, un hombre de consulta en este tema, quien deja una frase que promete polémica: "Para desarmar esquemas de recaudación ilegal en la policía hay que tener una pata fuerte en el Poder Judicial, lo que es muy complicado. En esta provincia hay una falta de voluntad en los magistrados al momento de investigar la criminalidad organizada: el caso IBM-Banco Provincial de Santa Fe, las muertes de diciembre de 2001 y la Causa Inundaciones son un claro ejemplo de esto".

Font es docente universitario y trabaja para la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, así como para Naciones Unidas en un programa de análisis del delito. Y desmintió que vaya a hacerse cargo de la nueva secretaría de control policial lanzada por el Ministerio de Seguridad.

Sin embargo comparte su análisis sobre lo anunciado. "Tengo una mirada optimista sobre los anuncios porque creo que el gobierno está aprovechando una oportunidad, luego que un policía ha salido a denunciar con bastante detalles esquemas, datos y montos de algunos mecanismos de recaudación ilegal. Y digo algunos porque no está la prostitución ni el tráfico de drogas. Esa denuncia no nos cuenta nada nuevo sino que instala socialmente un tema de forma bastante intensa. El gobierno aprovechó esto adecuadamente porque no ha respondido de manera coyuntural cambiando una jefatura, o pasando a retiro a un policía, argumentando que eso no sirve de nada porque este es un problema estructural. Pensado así entiendo que la creación de una secretaría es un hecho en una reforma estructural y me imagino que se va a seguir profundizándose en otras líneas.

--¿Cómo debería ser el control?

--Para controlar eficazmente la labor policial, el Estado debe conocer precisamente el fenómeno delictivo. Esto está iniciado, pero esta provincia no se ha caracterizado por tener conocimientos propios sino que dependía de lo que la policía decidía hacerle saber a los funcionarios políticos de turno. El otro punto es el conocimiento adecuado de los recursos policiales para gerenciar estos recursos, en la vinculación con el delito. El tercer punto es el mecanismo de control, y para que esto funcione debe haber varias dependencias involucradas: hay que fortalecer el mecanismo de control judicial, pedirle a la Defensoría del Pueblo que cumpla su rol que es el controlar el desempeño del funcionario provincial y el policía lo es. También la Legislatura deberá tener un rol de control de las intervenciones policiales.

--¿Cómo debería ser ese mecanismo?

--No debería tener en nada con la actual Asuntos Internos, aunque no está mal que ésta exista. Este mecanismo nuevo no debe detenerse ante el caso individual, porque no importa la falta cometida por un policía sino la manera por la cual se pueden llevar adelante cajas o recaudaciones ilegales. Este nuevo organismo debería abordar el fenómeno antes que ocurra, analizando las condiciones que lo propician: en lugar de salir a ver quién está permitiendo la venta de autos robados en los desarmaderos, llevar adelante un sistema que haga muy difícil que esto ocurra.

--¿Cuál podría ser un ejemplo?

--En Rosario hay un gran fenómeno que es el hurto de ciclomotores, que se van al mercado negro también en forma de repuestos. Y esto ocurre porque las concesionarias venden los ciclomotores sin patentarlos.