El gobierno de Hermes Binner reglamentó la Ley 12.953 de titularización de viviendas sociales que posibilita la entrega de la escritura a las familias que habitan en los distintos complejos habitacionales en territorio santafesino. La norma beneficia a más de 60.000 familias que habitan en estructuras construidas por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo desde 1977 hasta la actualidad. De acuerdo a los registros de la DPVyU, se calcula que menos del 10 por ciento de los beneficiarios accedieron a la titularización. En ese marco, este lunes la directora de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino encabezará el primer operativo de regularización en el Fonavi ubicado en Ovidio Lagos y Rueda. La funcionaria salió al cruce de la recomendación planteada por la Asociación Fonavi de Rosario, que aconseja no pagar las cuotas de la vivienda social y "esperar" la instrumentación de la ley. "Si el adjudicatario tiene las cuotas al día obtendrá un importante descuento a la hora de la escrituración", recordó Pino.

Desde la repartición provincial informaron que "la mayoría de los conjuntos habitacionales se encuentran en situaciones de irregularidad: faltante de finales de obra, tramitación catastral incompleta, planos, existencia de deudas fiscales y de servicios, ocupaciones sucesivas por reventa de la vivienda y ausencia de consorcios". La ley permite "remover estos impedimentos o restricciones administrativas" para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda.

La ley sancionada el año pasado por la Legislatura establece, a través de sus artículos 3 y 4, los criterios que deben reunir los beneficiarios para poder escriturar sus viviendas. Al respecto determina que "podrán convertirse en propietarios aquellas personas o grupos que por cualquier acto jurídico realizado por la DPVyU se encuentren en posesión o tenencia de la vivienda". En el segundo caso, la iniciativa contempla las situaciones de las personas que no tengan un acto jurídico de por medio pero que cumplan con las condiciones de ocupación preestablecidas en la ley. El beneficio alcanza a los ocupantes de la vivienda en calidad de unidad única, familiar y permanente, con una antigüedad de 5 años, que asuma el compromiso de pago por el inmueble ocupado.

En otro de sus puntos, la ley señala las opciones para que el beneficiario cancele en forma anticipada la deuda. Si el adjudicatario tiene los pagos de la cuota al día, podrá cancelar obteniendo un descuento equivalente al cuarenta por ciento de lo adeudado al momento del otorgamiento de la escritura.

Para los casos sociales "debidamente justificados" se podrá condonar hasta un 20 por ciento del total adeudado, u otorgar plazos de gracia para el capital o extender el plazo máximo hasta 5 años.

La redacción de la reglamentación tuvo en cuenta el enfoque del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que sostiene que "todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas".

El operativo territorial realizado por un equipo de profesionales, comenzará este lunes en el complejo habitacional de Ovidio Lagos y Rueda. El relevamiento social se hará "casa por casa", respetando el orden sucesivo de los monoblocks.

En relación al punto planteado por la Asociación Fonavi de Rosario, que aconseja no pagar las cuotas de la vivienda social y "esperar" la instrumentación de la ley; la DPVyU recomienda el pago de la vivienda, ya que si el adjudicatario tiene las cuotas al día obtendrá un importante descuento a la hora de la escrituración.