Marta Dolores Agüero, conocida en su barrio como "Chichilo", es la primera acusada que enfrenta un juicio oral y público bajo el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe. Tiene 31 años, y hasta el 2 de febrero de 2008 vivía en la villa de emergencia de Galvez al 4200. Subsistía del cirujeo y el trabajo sexual. Está siendo juzgada por el homicidio de su pareja, Jorge Rivero, ocurrido esa madrugada. Su historia de pobreza, miedo y violencia hubiera pasado desapercibida si no fuera porque el defensor Emilio Delaux solicitó que la causa se tramitara de manera oral. Ayer, los medios de comunicación y funcionarios judiciales de todo rango se interesaron por el caso: es el primer proceso oral con el sistema acusatorio. Eso le dio la relevancia institucional de una bisagra, al punto que el propio presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, estuvo en el inicio. El Tribunal de esta experiencia piloto está integrado por Carina Lurati, Antonio Ramos y Julio César García. Lurati, en su condición de presidenta, inició la audiencia, que continuará hasta el jueves. El lunes se leerá la sentencia.

Lurati se dirigió a la acusada para decirle que tenía derecho a abstenerse de declarar, sin que ello significara ninguna presunción en su contra. Luego, dio paso a la lectura de la acusación: las fiscales de Cámara, Cristina Rubiolo y de primera instancia Adriana Camporini deberán demostrar la autoría del crimen. "Este Ministerio Fiscal acusa de haber dado muerte a su pareja mediante la agresión con un pico de botella de cerveza cortado, con seccionamiento de la carótida", indicó Camporini. Y apuntó que la acusada desapareció de su barrio tras la muerte de su concubino. Consideró que "todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y las que serán producidas en las audiencias permitirán acreditar que se trató de un homicidio simple". Por su parte, el defensor de Cámara Héctor Cecconi y Delaux, que ejercen la defensa de Agüero, adelantaron que "rechazarán la acusación".

Entonces, Lurati volvió a preguntarle a Agüero si quería hablar. Pero ella ratificó que no lo haría. La fiscalía pidió que se leyera la indagatoria de Agüero ante el juez de instrucción de la cuarta nominación, Jorge Juárez, en febrero del año pasado. La muerte de Rivero se produjo el 2 de febrero a la madrugada, y ella demoró dos días en presentarse ante el juzgado en turno, asistida por un defensor oficial. La mixtura de los dos procedimientos hizo que Agüero declarara ante el juez sin asistencia de un abogado, de acuerdo al viejo Código, algo que está expresamente prohibido en el nuevo sistema.

Ante Juárez, la mujer relató lo ocurrido esa madrugada: dijo que José, el hermano de su pareja les había encomendado sus hijos para ir a bailar a Mogambo, y que ese fue el motivo de la pelea que ella comenzó con Jorge. Luego contó que ella tomó a la beba de tres meses de su cuñado, con la intención de cruzarse a la casa de su mamá, y aseguró que había sido el propio Rivero quien se le abalanzó, y se provocó a sí mismo la herida con el cuello de la botella de cerveza, que ella tenía en sus manos. También confesó que el hombre la maltrataba, y que esa noche la amenazó con "hacerla compota" si se retiraba de la precaria vivienda que compartían. Relató además que jamás había denunciado la violencia que sufría porque el agresor la amenazaba.

Tras la lectura de la indagatoria, era el turno de los testigos. Los dos primeros convocados por la fiscalía eran policías: Leonardo Barrera, el oficial ayudante que auxilió al muerto, en cercanías de Mogambo, cuando se estaba desangrando y el comisario Dardo Saucedo, jefe de la comisaría 13 en el momento del crimen. Pero los dos funcionarios policiales no habían llegado a la audiencia, y obligaron a un cuarto intermedio de 10 minutos. En el pasillo, mientras todos esperaban la reanudación, la presidenta del Tribunal no podía disimular su malestar. Al punto que llamó al jefe de policía de la ciudad, Osvaldo Toledo, para reprocharle la ausencia de sus subordinados. Enseguida, los dos se presentaron.

Los testigos se sentaron frente al Tribunal y de espaldas al público. A cada uno Lurati les preguntó los datos, si les cabían las generales de la ley, les advirtió sobre las penas que prevé el Código Penal por falso testimonio y les pidió que juraran o prometieran decir la verdad. Su repetición fue casi ritual. Todos los testigos de la mañana fueron policías.

Por la tarde, el ritual recomenzó. Pero la acusada había preferido no estar, por sugerencia de sus defensores. Esta vez, y atento a que los testigos eran familiares tanto de la persona fallecida como de Agüero, la jueza hizo las preguntas preliminares con especial atención a ser entendida. El primer testigo fue Alejandro Juárez, herrero y cuñado y vecino de Marta Agüero, quien confirmó que la joven era golpeada por su pareja. "Yo no vi nunca cuando le pegaba, pero me llegaban comentarios, y al día siguiente de esos comentarios la veía a ella moretoneada", indicó. Cuando el defensor le preguntó de qué vivía Rivero, él no dudó en contestar que "Marta trabajaba en la calle y salía a cirujear". Cecconi indagó si la mujer era trabajadora sexual. "Sí", contestó Juárez. Y también subrayó que la acusada "salía a trabajar todas las noches", mientras Rivero "lo hacía de vez en cuando". El joven indicó, a partir de las preguntas, que el hombre tenía antecedentes por robo. Al inicio del juicio, el defensor había pedido expresamente que no se lo mencionara como "la víctima" porque no estaba acreditado que lo fuera.

Los especialistas en política criminal indican que sólo los pobres llegan a ser juzgados en el sistema penal argentino. La Justicia debe garantizar la igualdad de trato, pero lo hacen a partir de situaciones previas de desigualdad. También por la tarde declaró José Rivero, hermano del fallecido, albañil, residente en Capitán Bermúdez, que había ido a visitar a Jorge el día anterior a su muerte, después de cuatro años sin verlo. Los nervios se apoderaron del testigo. El juez Ramos atinó a ofrecerle un vaso de agua, y cuando Rivero lo tomó, el temblor de sus manos fue evidente. Relató lo ocurrido durante ese día, y tuvo dificultades para entender algunas preguntas de la Defensa. Una tensión similar vivió la esposa de Rivero, Carolina Migno, quien confesó estar "un poco nerviosa". El abismo entre el lenguaje y los modos corrientes en el sistema penal y los de las personas humildes que se sentaron a testimoniar quedaron al descubierto. Sólo que ahora no se guardaron en un acta, sino que se ventilaron en una audiencia.