Concretado el desmantelamiento de la manga transportadora de granos que utilizaba la cerealera Servicios Portuarios, se acelerarán los plazos tendientes a ensanchar la avenida de la Costa. También se intensificarán los tiempos de la negociación para que diez familias asentadas hace décadas en la zona, algunas en terrenos propios y otras en tierras fiscales, abandonen el lugar para permitir el inicio de las obras. "No estamos en contra del progreso, pero queremos que nos incluyan, que nos tengan en cuenta", dijo Rosa, una de las vecinas que se enteró del "desalojo a través de los medios". Rosa advirtió que tanto su familia como quienes habitan las viviendas emplazadas sobre avenida Francia y el río "vamos a resistir, nos van a tener que sacar con las topadoras. Si quieren que nos vayamos, que nos paguen lo que corresponde". Patricia, otra de las vecinas involucradas en la materia exigió a la municipalidad "que no jueguen con la gente, si tienen previsto sacarnos, que por lo menos armen una reunión para informarnos y nos consigan una alternativa, no un plan detrás de Circunvalación". El subsecretario de Planeamiento, Raúl Alvarez destacó que la intención del municipio es "dialogar con todos los habitantes de la zona y llegar al mejor arreglo posible", aunque aclaró que existen "restricciones presupuestarias".

A contramano del discurso oficial, sobre avenida Francia y el río predomina la preocupación. "El proyecto hace años que se diseñó, y en los medios todos los días hay novedades sobre las obras para hacer la doble vía de la avenida de la Costa. Y a nosotros no nos llama nadie, es más las veces que nos reunimos fue por pedido nuestro", contó Patricia quien desde hace 29 años vive en el barrio con sus siete hijos tras haber tomado posesión del inmueble "después de la muerte de los dueños y de los trámites que hicimos".

Patricia sabe que tarde o temprano deberá irse de la zona. "No estamos contra el proyecto, lo único que pretendemos es que nos digan las cosas como son y que nos paguen lo que corresponde para que podamos conseguir algo en otro lugar", señaló para después admitir que "duele irse de este barrio, acá pasamos toda una vida. Encima dicen que nos van a sacar para hacer la avenida y en realidad todo esto será el jardín de las torres".

Rosita tiene 53 años. "Todos viviendo acá y ahora dicen que somos usurpadores", ironiza aunque admite que su casa está levantada sobre terrenos del ferrocarril que hoy administra el Onabe. Rosa participó meses atrás de una las protestas que se hicieron sobre la avenida de la Costa y dice estar dispuesta a volver a reclamar "pero de manera pacífica, no estoy en condiciones de bancarme a la policía y las escenas de represión como pasó la otra vez". De inmediato lanza: "Si no nos ofrecen algo lógico, de acá van a tener que sacarnos con las topadoras, vamos a resistir con nuestras familias".

El subsecretario de Planeamiento brindó otro panorama. Aseguró que el municipio "tiene intenciones de dialogar con todos los vecinos y llegar al mejor acuerdo posible". En ese sentido el funcionario diferenció "las distintas situaciones que existen. Algunos están asentados sobre terrenos propios, otros sobre terrenos fiscales y hay casos de familias ocupando un predio que no es propio. Vamos a conversar con cada uno, analizando caso por caso para poder solucionar la situación y poder hacer las obras proyectadas sin que ello implique conflictos con los vecinos de la zona".

Alvarez confirmó que en algunos, los lotes deberán estar liberados "dentro de seis meses para poder iniciar las tareas" de ensanche de la avenida de la Costa. "La idea es no llegar a instancias litigiosas y poder resolver todas las cuestiones mediante el diálogo y llegar a un consenso. De ninguna manera vamos a dejar a nadie en la calle", afirmó tras lo cual remarcó que al momento de fijar las indemnizaciones por las expropiaciones y los traslados "tenemos las restricciones propias del presupuesto municipal".