La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento del represor Ariel Zenón Porra, alias Puma, un ex personal civil de inteligencia imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El tribunal también confirmó la "falta de mérito" de Jorge Walter Pérez Blanco, otro ex agente civil de Inteligencia, al evaluar que "ninguna de las víctimas lo ha individualizado como participando en sus privaciones de libertad". Por su parte Juan Rivero, concejal de Rosario y querellante en la causa de la Ex Fábrica Militar junto a la abogada Gabriela Durruty, hicieron ayer pública su más profunda preocupación "por dictámenes que lleva adelante la justicia", y consideraron que "siguen beneficiando a represores de la última dictadura militar".

La sentencia fue suscripta por los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Carlos Carrillo, Edgardo Bello y José Guillermo Toledo, en tanto no participaron del acuerdo las vocales Liliana Arribillaga y Elida Vidal por haberse aceptado sus excusaciones.

En las 14 carillas de la resolución, los magistrados recordaron que los hechos que se le imputan a Porra se perpetraron en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio lindero a la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

A Puma, ex personal civil del Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército con categoría I 14, se lo procesó por el homicidio de Susana Miranda y Ariel Morando y los secuestros y torturas de Adriana Elba Arce, Juan Antonio Rivero, Ramón Aquiles Verón, Hilda Yolanda Cardozo y Olga Moyano, pero la defensa del represor apeló ante la Cámara.

Por su parte, el fiscal Claudio Palacín pidió su confirmación ya que el juez "realizó una evaluación minuciosa de la prueba incorporada al proceso, actuó con suficiente motivación razonada, valoró los elementos probatorios encontrando que éstos resultan pertinentes y conducentes para estimar que existieron hechos delictuosos y que Porra es penalmente responsable".

El tribunal también confirmó la "falta de mérito" de Jorge Walter Pérez Blanco, otro ex agente civil del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, que se desempeñaba en la Segunda Sección Ejecución como jefe del grupo Villa Constitución, al evaluar que "ninguna de las víctimas lo ha individualizado como participando en sus privaciones de libertad".

"A partir de esas consideraciones y con base en el contexto probatorio previamente referido, no puede sino compartirse la valoración que el juez de primera instancia hizo de la prueba en general y, en especial, el de tales actos procesales, que deriva naturalmente de su documentado resultado", sostuvieron los camaristas al confirmar el procesamiento de Porra y la "falta de mérito" de Pérez Blanco.

Por su parte tanto la abogada Durruty como el concejal Rivero criticaron que "a pesar de haberse constatado desde el Juzgado Federal 4 que Porra violó su prisión domiciliaria y por eso se ordenó su inmediata remisión a la cárcel de Marcos Paz, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se dictaminó que el trámite de apelación tenga carácter suspensivo por lo cual la orden del juez Martín Bailaque no se ejecutó".

"Este personero del terrorismo de estado permanece gozando de un privilegio que demostró no necesitar", lanzaron Rivero y Durruty. Porra se desempeñó como agente de la policía federal hasta el 30 de octubre de 1977. A partir del 1º de noviembre del mismo año formó parte del personal de inteligencia del ejército.

Está procesado por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y numerosos homicidios en las causas Guerrieri y Jordana Testoni, por su participación en los grupos de tareas que funcionaban en los centros clandestinos La Intermedia, El Fortín, la española, Escuela Magnasco, Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas.