Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal recibieron ayer a representantes de la organización social Giros para ahondar en la denuncia por abusos policiales en la seccional 20. De la reunión no participaron Tomás Monteverde, Víctor Velázquez, Nahuel Bueno y Juan Manuel Lorda, los jóvenes que el sábado pasado fueron arrestados por "averiguación de antecedentes", ya que fueron citados como testigos para brindar declaración testimonial en la División Judiciales de la policía. Los concejales escucharon el relato de Juan Monteverde, uno de los referentes de la organización social, quien argumentó que las detenciones de sus compañeros "tiene directa relación con lo que venimos trabajando desde hace muchos años, esta cuestión de los desalojos y las disputas por las periferias que se dieron en Nuevo Alberdi y ahora en Empalme Graneros. Y planteamos que esas disputas de intereses muy desiguales se están dejando libradas al cuerpo a cuerpo en el territorio".

En el marco de una serie de actividades que están realizando esta semana, Juan Monteverde mantuvo una reunión en el anexo del Concejo Municipal con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Comi (ARI), y los concejales María Eugenia Bielsa (Encuentro por Rosario), Pablo Colono (PS) y Alfredo Curi (PPS).

Bielsa quiso interiorizarse sobre la destrucción del centro cultural que los vecinos intentaban construir en Empalme Graneros, y las disputas por los terrenos con miembros de una iglesia evangelista. Luego propuso constituir una mesa de trabajo similar a la que realizaron con los vecinos de barrio Travesía por los planes de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, Comi explicó que la comisión elaboró un pre despacho para preguntar "los motivos por los cuales personal policial de la comisaría 20 detuvo a los cuatro integrantes de Giros, y las causas por las que los obligaron a desvestirse por completo para una requisa", y se comprometió a notificar al presidente del cuerpo, Miguel Zamarini, para que la comisión de Labor Parlamentaria incluya en la sesión de mañana las propuestas que Giros quiere plantear sobre los abusos policiales y al conflicto por las tierras.

Monteverde dijo que unos días antes que detuvieran a sus compañeros, una empresa privada denominada Comisión Santafesina de Tierras envió una orden de desalojo a las 150 familias que ocupan los terrenos en la zona de Provincias Unidas y Sorrento. Por este tema, la titular de la Dirección Provincial de Vivienda, Alicia Pino, los recibirá el próximo viernes.

El referente de Giros manifestó que pretenden dar una doble discusión en relación a este tema. "En primer lugar, que todos los actores políticos de la ciudad se expresen ante lo que consideramos un hecho lo suficientemente grave -puntualizó el militante-. Además, queremos denunciar que este tipo de abusos pasan todos los días con los vecinos de los barrios. No lo planteamos en tanto persecución política a Giros, sino dentro de un marco de una disputa por tierras donde el Estado no interviene como debería".

Según Monteverde, la situación venía "muy atada al conflicto de la tierra que se venía desarrollando en el barrio. Y en una misma semana sucedieron varias cosas que terminaron el sábado de esa manera". El dirigente social destacó que el mismo día que los jóvenes fueron arrestados fueron contactados por el secretario de Seguridad provincial, Carlos Iparraguirre, y por el secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font.

El lunes, varios políticos se comunicaron para interiorizarse sobre lo que había ocurrido; entre ellos, el senador socialista Juan Carlos Zabalza, el concejal del ARI Carlos Comi, y del Movimiento Libres del Sur. Monteverde lamentó que el Ejecutivo municipal no se haya interesado por el tema.