El juez Marcelo Bergia desestimó el reclamo de la Defensoría del Pueblo que pedía la anulación de las sanciones de tránsitos obtenidas por radares en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan la provincia. Así lo confirmó la directora de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, Hebe Marcogliese, quien detalló que el magistrado rechazó la presentación colectiva y declaró legítimas las multas por exceso de velocidad que aplicaron las diferentes comunas. "Con esto, la Justicia no dio valor al sistema de multas, sino que rechazó el planteo de la Defensoría. Sucede que el trámite para este tipo de cosas es individual; la persona que no esté de acuerdo con la sentencia por el acta labrada puede apelar su disconformidad ante la Justicia", dijo la funcionaria provincial.

Pese a los reclamos de los conductores, que derivaron en una acción de protección de intereses difusos por parte de la Defensoría contra la Agencia provincial de Seguridad Vial, la Justicia declaró las sanciones como legítimas y definió la medida de control como "razonable y adecuada respecto del fin perseguido".

La Defensoría del Pueblo había cuestionado los controles al manifestar que "no logran disminuir los accidentes de tránsito, pero sí tienen fines recaudatorios". Desde el organismo expresaron ayer que "la titular (Liliana Meotto) no se pronunciará respecto al fallo judicial, debido a que el juzgado no notificó a la Defensoría".

Por otro lado, y como consecuencia de las presentaciones que se realizaron ante la Justicia para denunciar "la falta de inspectores presentes al momento de labrar las multas, la fecha de emisión y la ausencia de cartelería para informar al conductor", Marcogliese indicó que quedaron 23 radares fuera de servicio en el territorio santafesino. "Al momento, hay únicamente siete equipos en funcionamiento, porque se realizaron audiencias, suspensiones y revocatorias de la habilitación". Sin embargo, luego de realizar "informes pormenorizados y revisión de controles", el juez evaluó que "la agencia no tiene competencia para declarar la nulidad de las infracciones", explicó.

Sobre la actuación de la Defensoría, Marcogliese señaló: "Nos llamó la atención porque veníamos trabajando de la mano durante todo 2008, incluso antes de poner en marcha este operativo se les pidió información acerca de qué tipo de planteos hace la gente sobre este tema". Y concluyó que "el procedimiento de la agencia es el que marca la ley", concluyó.