La construcción de formas de participación ciudadana tiene una invocación constante desde puestos de gobierno o desde el llano social. Sin embargo los espacios que con distinto nivel de organización e incidencia se arman en la búsqueda de preservar derechos o de profundizar y alcanzar nuevos no son tenidos en cuenta, como método consecuente de gestión e inclusión, a la hora de tomar las decisiones sobre las que hay muestras de muchas ideas y propuestas. Así lo expresa Christian Galindo, el titular de la filial Rosario de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina (ADECUA), Alberto Muñoz de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua y el delegado ante la Casa Vecinalista Sergio Nazzi. Pero no sólo desde las ongs. formadas en el ámbito privado con preocupación por aportar y querer incidir en el diseño de las políticas públicas se escuchan las quejas. También desde el espacio creado desde el Estado local para actuar en la esfera pública como la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En este caso Analía Carrió reclama porque la Constitución Nacional prevé la participación activa de usuarios y consumidores "que nunca son llamados en el momento de las decisiones. Ni siquiera participamos como veedores en la licitación del sistema de transporte urbano", dice. Las principales quejas apuntan a la provincia donde no se cuenta con el mecanismo de las audiencias públicas pero también tienen como destinatarios al Ejecutivo y al Legislativo local.

Desde el ámbito público municipal Analía Carrió dice que es muy difícil que desde el Estado se convoque a la Oficina Municipal para tratar cualquiera de los temas que se vinculan con la prestación de distintos servicios públicos y en la enumeración entran los que brinda la Municipalidad de Rosario como también los que están en el ámbito de la provincia, desde el transporte urbano a la prestación del servicio de aguas y cloacas o el del suministro de gas o energía eléctrica. "Las instancias en las que se puede intervenir surgen de la oficina pero para poner un ejemplo en el caso del transporte ni siquiera hemos sido veedores en el llamado a licitación y en todo lo que tiene que ver con aguas y cloacas presentamos escritos con consultas porque nunca se recibe invitación".

-¿Deberían convocar a la Oficina Municipal?, preguntó este diario.

-Yo entiendo que sí. La Constitución nacional en los artículos 40, 41 y 42 habla de la participación activa de los usuarios en la toma de decisiones. En el ámbito privado tuvimos una acción importante en la formación de las canastas sociales y en el tema de los precios en el llamado 'Consenso Rosario'. Pero es sólo por nuestra gestión. No porque podamos explicar los puntos de vista de los directos interesados, los ciudadanos, vecinos de Rosario que compran, consumen, reciben o no los servicios. Nos falta la herramienta idónea para representarlos ante la Justicia a través por ejemplo de un amparo colectivo. Necesitamos contar con esa representación. Pero es un problema porque no hay legislación provincial que proteja a los usuarios y consumidores y sólo se cuenta con un decreto de adhesión a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y una ley provincial de educación al consumidor que nunca fue reglamentada y no se aplica.

Analía Carrió insiste en que usuarios y consumidores "no tienen una verdadera representación" y explica que las consultas llegan siempre ante los hechos consumados. "El principal problema de unos y otros es que no tienen acceso a la información y al correlato de este derecho que es el acceso a la Justicia...Si no se tiene información veraz, ¿cómo sería posible acceder a la Justicia?", explica. "¿Qué contiene -dice- el 35 por ciento del aumento del agua? No sé en base a qué cálculos y criterios lo sacó el gobernador Jorge Obeid y qué ofrece ese aumento. Tampoco qué contiene el aumento de la tasa municipal, cuánto le cuesta el servicio al Estado, si se debe pagar o debería estar subsidiado".

Desde la filial Rosario de ADECUA que está en calle Corrientes 435 Christian Galindo habla de la situación de las organizaciones que trabajan por los derechos de usuarios y consumidores y aun de otras que actúan en el plano de los intereses de todos los habitantes: "están relegadas a un segundo plano y esto no es así en el orden nacional donde los últimos presidentes las convocaron en más de una oportunidad". Se refiere a Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. "Además existen algunos mecanismos, como el de las audiencias públicas a los que se debe recurrir de manera previa a la modificación contractual de los servicios públicos", sostiene Galindo. El carácter no vinculante de las instancias públicas no las hace menos atractivas porque permite una de las formas de participación ciudadana en la que intervienen "todos los que tienen interés y experiencias para compartir sobre un tema y entonces se hace posible un interesante flujo de información para que luego se tomen las decisiones sobre políticas públicas".

La crítica más fuerte desde ADECUA es hacia la provincia. Esta organización "nunca fue recibida" por el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann ni por el actual Jorge Obeid.

-¿Cree que las organizaciones como la que usted integra debieron estar en las reuniones con el gobierno provincial por el tema de la nueva empresa de aguas?

-Por supuesto y antes de tomar decisiones se debió haber consultado a las instituciones técnicas, privadas y públicas, a los intendentes pero también a las organizaciones de la ciudadanía, y a los ámbitos académicos. Nosotros no cuestionamos la legalidad del procedimiento pero sí decimos que tendría otra legitimidad, mucho mayor, si se convocara a todos los interesados en aportar experiencia e información. Después se podría haber tomado la decisión.

-¿Por qué cree que no se hace?

-Se trata de una cultura política que tiene un sesgo autoritario ya que algunos funcionarios creen que porque fueron elegidos tienen un cheque en blanco cuando en realidad deben preocuparse en el día a día por escuchar a los ciudadanos. Esto colaboraría en la transparencia de las decisiones públicas. El mismo análisis puede hacerse respecto de la modificación de la TGI. Allí debimos estar.

La voz de Alberto Muñoz se escucha desde la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua y desde la Unión de Usuarios y Consumidores: "Hay un problema de origen, en cuanto hay una pequeña reactivación de la sociedad también hay una puja por quedarse con los excedentes, entonces las grandes cadenas de supermercados tratan de avanzar sobre los precios, las empresas de servicios aumentan las tarifas y los estados lo hacen con los impuestos. En esa puja el usuario es un permanente convidado de piedra. En ninguna de las instancias se lo convoca en la búsqueda de menguar el impacto que se produce sobre los bolsillos. Y los canales de participación que suponen las asociaciones de usuarios, de defensa de vecinos, ecologistas quedan postergadas en el debate, no son convocados".

La idea con que se mueven desde la APDA es que para los sectores que componen la sociedad civil "la participación no se agota en el ejercicio del voto. Creemos en una democracia en la que la comunidad pueda participar de distintas formas. Lo público en el siglo XXI es mucho más que el Estado. Queda pendiente superar el esquema de la década de los 90 durante la que los entes de regulación tenían como único fin el de avalar los abusos de las distintas empresas privadas".

Uno de los delegados por la zona sur ante la Casa del Vecinalista, Sergio Nazzi, de la entidad de Parque Regional concibe la democracia con pasos que superen el del voto cada dos años: "Los concejales podrían haber cursado invitaciones cuando trataron el tema de la TGI porque nadie esperaba que el aumento iba a ser como el que vino. Acá en Saladillo los mismos funcionarios socialistas nunca hablaron de aumento de la tasa" y concluye "la representatividad democrática no está funcionando bien, son necesarios todos los canales de participación".