"Sin la complicidad de Poder Judicial no hubieran podido ocurrir estos hechos en ningún lugar de la República Argentina", dice la fiscal federal Mabel Colalongo para darle marco a la primera investigación seria que se abrió esta semana en la justicia federal contra el ex juez y ex fiscal Pedro Tiscornia, señalado por varias víctimas como quien se negara a tomar las denuncias por torturas que le relataban.

Para Colalongo, todo comenzó a gestarse "durante esta audiencia sobre todo a partir de las declaraciones de la testigo Adriana Quaranta que era una abogada que trabajaba en el Poder Judicial federal rosarino, en la fiscalía de Tiscornia, que después fue juez quien relató que antes de ser privada de su libertad, le advirtieron que debía renunciar el Poder Judicial, porque no le garantizaban la vida. Y está claro que ese Poder Judicial le estaba dando el mensaje que tenían las fuerzas armadas para aquellos sospechosos, que eran en definitiva casi todos los miembros de esta sociedad, por el solo hecho de decir que no coincidían con la tortura y el asesinato".

"Ella dijo que no entendía por qué debía renunciar, porque no había hecho nada en ese lugar de trabajo, y les pidió que le inicien un sumario. Ella renunció, pero igual a los pocos días fue secuestrada y llevada a La Calamita. Allí fue interrogada sobre las actividades de Rafael Bielsa, que era su compañero en la fiscalía de Tiscornia, y una semana antes había sido privado de su libertad. Es más, cuando liberan a Quaranta ella va directamente a la fiscalía donde trabajaba para denunciar lo ocurrido, pero ellos no hicieron nada".

En rigor, ésta no era la primera vez que se lo denuncia a Pedro Tiscornia: la abogada Ana Figueroa lo había hecho en julio de 2006 patrocinando a Adriana Arce, en una testimonial. "El juez federal de instrucción era Germán Sutter Schneider y a pesar de que hubo incluso después de él un nuevo juez, sobre este tema no se ha investigado nada", dijo Figueroa a Rosario/12.

¿Qué otras victimas señalaron a Tiscornia en las audiencias de este juicio Guerrieri Amelong?

En las declaraciones de Adriana Arce, Juan Rivero y Ramón Verón, ellos comentaron cómo Tiscornia, como juez, se constituyó en el lugar donde estaba detenidos, por una pena impuesta por un Consejo de Guerra, mientras él llegaba allí para decirles que los iba a investigar nuevamente por los mismos hechos que ya los habían condenado. Ni hablar de la falta de legalidad y de legitimidad que significaba ese Consejo de Guerra porque eran civiles, a quienes se les tomaba declaraciones testimoniales cuando eran imputados en el expediente. Es más, Tiscornia termina legitimando ese proceso porque el mismo Consejo de Guerra le pide que los investigue.

-¿El propio Ejército le ordenaba entonces a un juez federal que investigara?

Sí, aunque suene raro era así. Es más, Tiscornia le preguntó por escrito donde estaban detenidos Rivero, Verón y Arce, porque no lo sabía. Y peor aún, el Ejército demoró un mes para contestarle, por lo que debió repetir su consulta.

Es decir que Tiscornia tenía bajo su responsabilidad a tres detenidos que no sabía siquiera donde estaban alojados? ¿Cuál debió haber sido la actitud de Tiscornia como juez federal?

Más allá del acta de Reorganización Nacional, estaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y la Junta Militar no tenía facultades para derogar esa Convención. Por lo tanto, el juez debió haber revisado y declarado la ilegalidad de este proceso. Pero supongamos que no lo hizo porque creyó que los decretos-leyes permitían esto, porque si podían secuestrar, torturar y desaparecer peronas, esto debió haber sido nada para estas personas. Repito: Tiscornia debió haber declarado todo esto ilegal.

Pero lo más grave es que cada uno de estos testigos que fueron las víctimas de estos hechos, Arce, Rivero, Verón, Olga Moyano; las víctimas del encubrimiento de Tiscornia, de su participación y legitimación de todo este proceso terrible, firmaron estas declaraciones con los ojos vendados en el centro clandestino de detención Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Y con esas declaraciones se los condenó en el Consejo de Guerra. Supongamos que era legítimo ese Consejo, que no lo era. Bueno, a Tiscornia las víctimas le recordaron que les hacía las mismas preguntas que les hacían en los interrogatorios en el "chupadero". Entonces es difícil separar a Tiscornia de la connivencia de quienes tenían la decisión sobre la vida, la muerte y la suerte de cada uno de los habitantes de este país. Y no puedo omitir denunciar ese encubrimiento. A esta altura está meridianamente claro que no se hubiese podido consolidar este proceso sin la participación del Poder Judicial argentino. En algunos casos ocurre que es muy clara la participación como el de Tiscornia, es decir que hay un nombre y apellido.

Santa Fe tiene un antecedente porque hay un ex juez federal detenido y procesado por delitos de lesa humanidad como es Víctor Hermes Brusa. ¿Hay puntos de contacto con este caso?

La mayoría de los hechos imputados a Brusa fueron como secretario del juzgado. Ahora bien, no hay mucha diferencia entre interrogar a los gritos a una personas, o constituirse en una cárcel como hacia Tiscornia y preguntarle a las víctimas las mismas cosas que le preguntaban cuando estaban en un centro clandestino. Y cuando le relataban los tormentos, no investigó nada. En el fondo, no hay mayores diferencias.