La justicia provincial exhortó a la Municipalidad a cumplir con la ordenanza vigente sobre Presupuesto Participativo, a partir de un recurso presentado en febrero pasado por el abogado constitucionalista Roberto Sukerman, para denunciar que el municipio reduce todos los años el monto destinado a este mecanismo de democracia directa. El juez Eduardo Oroño reconoció los incumplimientos y decidió "exhortar tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como al Concejo Municipal para que arbitren los mecanismos conducentes para el efectivo cumplimiento de la normativa vigente a fin de evitar desgastes innecesarios y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Rosario". Aunque el magistrado le dio la razón, Sukerman apeló ayer la sentencia porque entiende que la resolución "sólo invita a cumplir con las obligaciones a la mayor brevedad posible, cuando la Municipalidad debió ser condenada por su incumplimiento". El abogado aseguró que en el expediente "quedó claro que lo que se les está sacando a los vecinos para poder ejecutar el Presupuesto Participativo son millones de pesos".

En diálogo con este diario, Sukerman recordó que presentó el recurso contencioso administrativo sumario conocido como Ley 10.000 de intereses difusos ya que desde el año 2005 "el presupuesto de la Municipalidad destina porcentajes cada vez más bajos al Presupuesto Participativo, violando el derecho de los rosarinos a que los proyectos por ellos presentados se realicen con esos recursos". En la demanda, el abogado hizo referencia a varios artículos suyos publicados en Rosario/12.

Además, Sukerman indicó que la Municipalidad "tampoco cumplió con la obligación de conformar la comisión encargada de elaborar el Indice de Carencia previsto por la ordenanza, que servirá como medida para la correcta distribución de montos a cada Distrito según sus necesidades. De este modo, la mitad del dinero destinado al Presupuesto Participativo debe distribuirse en partes iguales entre los seis Distritos y la otra mitad debe repartirse de acuerdo a dicho índice".

Según Sukerman, "la Municipalidad, quizás sin quererlo, reconoció los incumplimientos que nosotros planteamos. Tal es así que en la sentencia el juez dice expresamente que está probado que la Municipalidad incumple. En las audiencias, los funcionarios municipales se defendieron amparándose en la crisis, lo cual no es una justificación. Si la crisis hace que no crezca el presupuesto general no hay ningún inconveniente porque el participativo está atado al general".

El abogado apeló el fallo del juez Oroño, ya que consideró que el magistrado debió haber condenado a la Municipalidad, y además obligarla a cumplir con la ordenanza 7869/05. Y debió estipular, además, que "si no cumple en determinado plazo tenga consecuencias, por ejemplo una multa por cada día de incumplimiento".

Sukerman agregó que la resolución judicial, al "exhortar, sin establecer sanción alguna, hará que la normativa se siga desobedeciendo y se generen nuevas presentaciones judiciales, ya que después de cuatro años consecutivos de incumplimientos estamos en condiciones de suponer que en el nuevo presupuesto la comisión no ha sido creada, el Indice de Carencia tampoco fue calculado, y el porcentaje de asignación disminuye año tras año".

El abogado aclaró que la sentencia "involucra, tanto al Ejecutivo como al Concejo Municipal, quienes tienen que encontrar los mecanismos para cumplir con la ordenanza del Presupuesto Participativo". En ese sentido, el profesional consideró: "Siempre postulamos que hay una ordenanza vigente, o se cumple o la modifican para no caer en un incumplimiento. Lo que queda claro es que el intendente y los concejales tienen posibilidades de hacer cosas para cumplir con la sentencia".