Ariel "Nanito" Nardoni nació el 20 de junio de 1999 en el hospital Centenario de Rosario y murió en Santa Fe, en 2004, por VIH, con apenas cinco años. Sus padres no tienen el virus, y se descartó transmisión sexual, así que las transfusiones de sangre que recibió en el hospital rosarino aparecen como la causa del contagio. Cuando Ariel nació, con cinco meses de gestación y por ende problemas madurativos, sus padres, Ariel y Patricia, vivían en Villa Constitución, pero el jefe de familia trabajaba en Santa Fe, así que la mudanza a la capital provincial era inminente. Dos meses después, el bebé fue derivado al hospital de niños Orlando Alassia, donde lo atendieron por repetidos problemas de salud. Cuando le detectaron el VIH habían pasado dos años. Desde la muerte del niño, un intrincado expediente judicial encontró los más diversos inconvenientes, desde la pérdida de una parte de la historia clínica por la inundación de 2003 hasta la demora del Centenario en enviar su documentación. La más grave fue la dificultad para encontrar peritos oficiales que certifiquen el modo de contagio. Mientras tanto, la Fiscalía de Estado de la provincia espera "la resolución del proceso judicial" y los padres exigen justicia.

Al estado entrerriano, en abril de este año, un caso similar le costó más de un millón de pesos. Así debieron resarcir a una mujer que contrajo el virus en el hospital San Roque de Paraná, por una transfusión que le hicieron cuando estaba embarazada.

Actualmente, la causa judicial que los padres iniciaron contra la provincia se encuentra en la etapa de información de resultados de peritaje, que debió realizar la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. La primera dificultad surgió porque en la provincia no se podía encontrar un perito oficial imparcial, ya que todos los infectólogos de la capital provincial trabajan para el estado. "Los padres buscan un reconocimiento de la provincia por el daño que les hicieron", indicó la representante legal de la familia Nardoni.

La pesadilla de los Nardoni empezó en junio de 1999, hace más de diez años. El día de la cesárea, Patricia fue derivada de urgencia hacia Rosario, ante las complicaciones en el quinto mes de embarazo. Como consecuencia del escaso tiempo de gestación, el bebé fue internado en el área de Neonatología del mismo hospital, donde le practicaron de manera urgente transfusiones de sangre, que su madre "no pudo firmar por el estado en el que se encontraba, después del parto", comentó el papá, Ariel, a Rosario/12.

Después de 60 días, el bebé fue derivado al hospital de niños "Orlando Alassia", de Santa Fe, donde llegó "con su mamá y una hojita de la historia clínica del Centenario, en la que figuraba que se le habían realizado dos transfusiones de sangre", siguió el relato del padre. Más tarde, los responsables del centro asistencial rosarino reconocieron que las transfusiones fueron más, "entre cinco y ocho", dijo el papá.

"Arielito", como aún le dicen sus padres, preocupó a los médicos por los recurrentes estados febriles, así que profundizaron los análisis y le detectaron el virus del sida, cuando el niño tenía dos años. "Se nos cayó el mundo encima", recordó Ariel sobre la noticia que les dieron los médicos en 2001.

Inmediatamente después les hicieron el test de detección a los padres y las hermanas de Arielito, y todos fueron negativos. También se descartó la transmisión sexual. Los profesionales santafesinos revisaron la historia clínica del niño -que fue "muy difícil de conseguir"-, y así se estableció la principal hipótesis: que el virus se transmitió en una de las transfusiones aplicadas en el Centenario.

En 2004, el niño falleció tras contraer una meningitis. "Su estado inmune no le permitió combatir la enfermedad", dijo su papá. Ante lo irreparable, los padres iniciaron un juicio al Estado para establecer las responsabilidades. Según indicó la abogada de la familia, en los próximos días llegaría al juzgado la aclaración -que finalmente hizo la Comisión Nacional de Referencia para el Sida de la Facultad de Medicina de la UBA- del informe que realizó la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de dicha institución, como peritaje médico. Mientras tanto, el Estado hizo una oferta de 150 mil pesos, que los padres rechazaron por insuficiente. En abril pasado, Entre Ríos pagó 1,2 millón a una mujer que se contagió por una transfusión en un hospital provincial. La abismal diferencia es que ella está viva.