"El primer aniversario de la Junta Militar motivó un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llamaban aciertos eran errores, lo que reconocían como errores eran crímenes y lo que omitían eran calamidades". La frase que

parafrasea a la "Carta Abierta" de Rodolfo Walsh resonó ayer en el sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº1 y fue pronunciada por la fiscal federal Mabel Colalongo, quien ayer comenzó su alegato -que continuará el martes próximo- contra los cinco represores imputados en la causa Guerrieri-Amelong.

En la jornada alegó la ultima querella en los juicios que se siguen a los imputados Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Ex Fabrica Militar Domingo Matheu y la Intermedia de Rosario y alrededores.

La fiscal Colalongo comenzó analizando los antecedentes históricos que refrendaban que la lucha contra militantes políticos no había comenzado en el 76 sino en la década del sesenta con las primeras movilizaciones populares. Y así conocer ante el jurado y el público asistente, partes del fallo del caso del represor "Turco" Simón, y tramos de entrevistas al general Albano Harguindeguy en las que el represor aconsejaba los "interrogatorios duros y en caliente" para lograr sacar mayor información a los detenidos. Entre otras también recordó alguna confesión del militar que había reconocido: "Hemos cometidos errores, porque somos seres humanos". O el reconocimiento del general Ramón Genaro Díaz Bessone: "El problema fueron los desaparecidos".

Las órdenes secretas que el Ejército Argentino había editado en forma de Operaciones contra elementos subversivos del 17 de diciembre de 1976, firmada por el general Eduardo Viola, fueron recordadas por la fiscalía. Dice al respecto el reglamento RC 9 1: "Subversión: se entenderá por tal a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los principios morales y las estructuras que conforman la vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él, una nueva forma de vida basada en una escala de valores diferentes. El objetivo final de la subversión se ubica en la toma del poder", es solo una delas frases del manual citado.

Colalongo advirtió: "Este juicio registra solo un pequeño número de casos, porque se constituyó con elevaciones parciales y por eso muchísimos casos por los que deberían responder estos acusados no lo son y hay muchísimos ausentes que deberían estar acusados".

En parte de su alegato Colalongo señaló que "estos hechos no son tormentos ni amenazas sueltas". "Por las 28 víctimas en los diferentes CCD se debe pedir justicia", agregó.

En ese sentido la fiscal señaló que "los hechos se realizaban en el marco de un plan y al amparo del dominio absoluto de un aparato. Si no comprendemos eso no le daremos la dimensión que estos hechos tienen".

Colalongo manifestó que "en el mismo tiempo que en las facultades de Derecho se nos enseñaban las garantías de la Constitución Nacional, miles de habitantes de nuestro país en todo el territorio nacional eran secuestrados saliendo de sus lugares de trabajo, ingresando en ellos, yendo a sus lugares de estudio, y en su mayoría sacados de sus casas en la tranquilidad de la noche, sin que se los pusiera a disposición de un juez".

En otro tramo del alegato la fiscal indicó: "Aquí los acusados gozan de un juicio que les ofrece un estado de Derecho que hoy tenemos y no es por ellos, porque ellos no hicieron honor a la república, ni al estado democrático, ni nada". "Fue todo lo contrario", alegó.

Colalongo también parafraseó al ex fiscal Julio César Strassera cuando dijo que "escuchar estos hechos ha significado el descenso a zonas tenebrosas del alma humana donde el horror, la frialdad, son difíciles de imaginar antes y de comprender después". "Nadie, absolutamente nadie se merece que le ocurran hechos como los que estamos escuchando. Por eso pedimos un juicio justo para estos señores, el juicio que no tuvieron sus víctimas", subrayó.

El rol determinante de la inteligencia militar en la dictadura también fue remarcado por la fiscalía, así como el circuito de centros clandestinos por donde fueron trasladadas las víctimas.