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El Espacio Juicio y Castigo Rosario reclamó ayer al Tribunal Oral Federal número 2 que los imputados en la causa Genaro Díaz Bessone, cuyo juicio oral y público comenzará el próximo miércoles, sean detenidos durante la tramitación del mismo para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y querellantes. Los integrantes del Espacio Juicio y Castigo conformado por sobrevivientes, familiares, querellantes y organismos de derechos humanos , se reunieron ayer al mediodía con la secretaria del Tribunal, Silvina Andalaz, a quien le anunciaron que la semana próxima presentarán un escrito para pedir la detención de los imputados, que actualmente esperan el juicio en libertad.

"Hay antecedentes y jurisprudencia al respecto en otras causas, y no queremos que las víctimas se encuentren en la calle con sus verdugos, como ya ocurrió en algunos casos", explicó Juan Emilio Basso, de la organización Hijos, en declaraciones a Télam.

El militante también recordó que tanto el programa Verdad y Justicia del gobierno nacional como la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe realizaron presentaciones con el mismo objetivo, pero aún no fueron resueltas por el TOF.

De los seis imputados que tiene la causa, sólo el ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, está detenido, aunque con prisión domiciliaria. Los otros imputados son José Rubén Lo Fiego (en la foto), ex oficial principal de la policía durante la última dictadura; Mario Alfredo Marcotte, quien tuvo el mismo rango policial; Ramón Rito Vergara, ex suboficial de la policía de Santa Fe; José Carlos Antonio Scortechini, ex comisario principal de la policía local; y Ricardo Miguel Chomicky, un civil que fue cómplice de la represión ilegal.

Todos fueron dejados en libertad por distintas instancias judiciales, ante la demora en el inicio del juicio oral, que finalmente comenzará el próximo miércoles.

Según explicó Basso, también plantearon durante la reunión que consideran "una censura injusta" que los testigos no puedan ingresar al recinto del tribunal con fotos de sus familiares desaparecidos, y solicitaron que el TOF "sea flexible con las acreditaciones, para que sea verdaderamente un juicio público".

La causa Díaz Bessone (ex Feced), es el mayor expediente judicial por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Rosario y zona de influencia, y tiene como eje el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local, de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad.

Desde el Espacio Juicio y Castigo detallaron que por allí pasaron unos dos mil detenidos desaparecidos.