El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, Rubén Ghioldi, reclamó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación su reinstalación en el cargo, luego que una asamblea General Extraordinaria del Consejo Directivo del gremio, realizada el 2 de julio pasado, lo desplazara. La denuncia contra el histórico dirigente por "supuesta administración fraudulenta" fue realizada en marzo pasado por Julio González, un afiliado al sindicato, que está actualmente jubilado. Además, hizo una presentación judicial, como Acción de Amparo Sindical, ante el Juzgado de Trabajo de la 7º nominación. El representante legal de Ghioldi, Hernán Martínez, aseguró que el desplazamiento del cargo fue "ilegal y arbitrario", debido que "el estatuto de la asociación prevé la convocatoria (a asamblea extraordinaria) con un porcentaje del 15 por ciento del padrón de afiliados", se quejó. El letrado aseguró, en diálogo con Rosario/12, que "realmente, no hay causa", porque "Ghioldi es intachable".

Luego de una denuncia contra el dirigente sindical, realizada el 27 de marzo pasado, el Juzgado de Instrucción 10º comenzó la investigación sobre el accionar administrativo de Ghioldi, y también de su sobrina, la representante legal del gremio, Susana Treviño, y el secretario de Finanzas del sindicato, Oscar Fernández. Al parecer, habría pruebas sobre autorizaciones del gremialista a la abogada, para que ella dispusiera de algunos fondos de la asociación para gastos que se denunciaron como "personales". El primero de los puntos que planteó González en la presentación judicial fue que las facturaciones deben ser firmadas por al menos tres miembros de la Comisión Directiva, mientras que muchas figuraban con una sola firma, que sería la del responsable de finanzas.

Luego que la fiscal del caso, Graciela Argüelles, ordenara un allanamiento en la sede sindical, donde se incautaron comprobantes de pago y boletas, Ghioldi fue separado del cargo, de manera "preventiva", por el término de 45 días, el 20 de mayo pasado. Sin embargo, según recordó Martínez, cuando regresó tras cumplir ese plazo, se encontró con "la imposibilidad de ingresar a su oficina", donde según indicó el dirigente, la cerradura había sido cambiada.

Tras esos sucesos, el gremialista con más de 40 años en el cargo, realizó dos presentaciones: una administrativa y otra judicial, mediante las cuales solicita su reinstalación en el puesto.

El abogado de Ghioldi planteó que la asamblea del 2 de julio -mientras el dirigente gremial permanecía con la suspensión de 45 días- fue realizada de manera "arbitraria e ilegal". Uno de los puntos de los fundamentos planteados en la presentación que se envió el 7 de julio pasado a la sede local de la cartera laboral de la Nación, apunta que "sólo una asamblea convocada en el plazo estipulado tenía competencia para la suspensión definitiva. Esa asamblea -continúa- nunca se realizó y el Consejo Directivo tornó ejecutoria su propia resolución, impidiendo el ingreso del secretario general a la asociación".

En otro de los puntos, la presentación administrativa de Ghioldi se basa en lo estipulado por el artículo 16 del Estatuto de la Asociación Empleados de Comercio. "Prevé expresamente la revocación del mandato de los miembros del Consejo Directivo, por justa causa". Al mismo tiempo, Ghioldi aseguró: "La denuncia penal realizada por un jubilado es, en realidad, una denuncia de quienes me acusan y tienen interés directo en mi alejamiento del cargo. Usaron a un jubilado por su insolvencia, tanto económica como moral, para no acarrear con las consecuencias de una falsa denuncia", aseguró en la nota dirigida al Ministerio de Trabajo nacional.

En tanto, se realizó también una presentación judicial en forma de acción de amparo sindical, que tiene la misma finalidad: la restitución al cargo del gremialista. Al respecto, Martínez aseguró que los pasos a seguir tienen que ver con los tiempos legales, aunque aseguró que "el señor Ghioldi, que estuvo más de 40 años en el cargo, es un hombre de una conducta intachable. Eso lo puedo garantizar", aseguró el letrado; quien además reconoció: "Si bien a sus 88 años podría retirarse, creo que ésta no es la manera, porque es para poner las manos en el fuego. No hay nada raro por dónde se lo mire", aseguró le letrado.