La Justicia rosarina objetó ayer la regulación que aprobó el Concejo hace tres meses, fijando topes para la apertura de heladerías por firma. El juez Marcelo Bergia hizo lugar al amparo presentado por un par de franquiciados de la cadena Grido y les permitió la apertura de dos nuevas bocas de esa marca: una en el centro (Oroño al 1100) y la otra en zona sur (San Martín al 3500). Si bien el magistrado no se expidió sobre la cuestión de fondo, fue muy crítico en su resolución sobre la ordenanza sancionada por los ediles a fines de septiembre que estableció un máximo de 10 por ciento del mercado por empresa, equivalente a 19 locales. "No surge (del expediente) que se hayan realizado los estudios técnicos necesarios para establecer las medidas adecuadas para alcanzarlo respetando el derecho constitucionalmente protegido de ejercer el comercio", planteó el juez al suspender los efectos de la normativa hasta el 31 de marzo para estos dos casos puntuales, quienes iniciaron el trámite de habilitación antes de aprobarse la norma.

La ordenanza 8664 fue aprobada por el Concejo con el apoyo de todas las bancadas el 29 de septiembre pasado. Los ediles avalaron la propuesta de la intendencia que sugería un tope del 10 por ciento del mercado para cada firma, por un lapso de 20 meses. Al momento de sancionarse la norma, el municipio tenía relevados 193 locales activos del rubro, que tributaban el Derecho de Registración e Inspección (DReI), con lo cual el máximo permitido por marca se fijó en 19.

El marco regulatorio surgió tras el fuerte lobby de la Cámara de la Industria del Helado Artesanal de Rosario (Cicha) ante el desembarco de la cordobesa Grido, que pretendía abrir 70 locales con precios sensiblemente inferiores al promedio del mercado rosarino. A fines de septiembre, funcionaban en la ciudad 14 heladerías de Grido y había unos 11 locales con trámites en carpeta.

Dos de los franquiciados que iniciaron las gestiones ante el municipio antes de que el Concejo aprobara la regulación fueron a la Justicia y presentaron un recurso de amparo. Valeria Ortiz pretendía abrir una boca en San Martín 3572 y Joaquín Rodríguez tenía previsto hacer lo propio en el bulevar Oroño 1180. Ambos plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza y cuestionaron su aplicación retroactiva. Solicitaron también como medida cautelar que se suspenda el acto impugnado y se ordene la continuación del trámite de habilitación del comercio.

En su resolución, Bergia recordó que "el objetivo de la ordenanza 8664/10 es la regulación del mercado local (del helado) estableciendo una normativa de alcance temporal que fije limitaciones de habilitación idénticas para todos los actores del sector para mantener estas características del mercado evitando su concentración".

"No obstante ese fin, -continuó- no surge que se hayan realizado los estudios técnicos necesarios para establecer las medidas adecuadas para alcanzarlo respetando el derecho constitucionalmente protegido de ejercer el comercio. Tampoco se habla de cuestiones técnicas tan elementales como la delimitación del 'mercado de referencia geográfico' o el 'mercado de referencia del producto'; que son las nociones más básicas que se requieren para realizar un estudio razonable sobre la competencia y en base a ello tomar decisiones adecuadas".

En ese marco el magistrado llegó a la conclusión provisoria de que la regulación "carece de adecuada fundamentación técnica que avale la regulación de la actividad comercial. Ello implicaría la creación de una norma con fundamento netamente voluntarista que avanza sobre el derecho constitucional de ejercer libremente el comercio. Ante esto, resulta verosímil que no supere el control de constitucionalidad", señaló dejando abierta la opción de objetar de fondo la norma.

La abogada Mirna Segré, patrocinante de Joaquín Rodríguez, aclaró por LT8 que la apertura de los locales no será inmediata "ya que el municipio tiene cinco días para pronunciarse y además falta la llegada de mobiliario, pero igualmente no se va a demorar demasiado".