"Fui privada ilegalmente de mi libertad a los 16 años, a los 22 pude hacer la denuncia, y ahora que tengo 49 puedo estar declarando", dijo la testigo Laura Hanono en la última semana de audiencias de la causa Díaz Bessone. Casi una vida en busca de justicia. "Llevo 30 años preparando esta declaración", expresó el último día de noviembre María Inés Luchetti de Bettanín, cuya familia fue masacrada en enero de 1977. Cada una de las personas que puso el cuerpo frente al Tribunal Federal Oral número 2 subrayó el alto valor del proceso abierto el 17 de julio de este año, tres meses después de las condenas a prisión perpetua en la causa Guerrieri. El 2010 será inolvidable. El año de la justicia, aunque falten tantos, aunque los enjuiciados sean sólo una parte de la maquinaria del terrorismo de estado. Aunque 2011 también traerá nuevas condenas y procesos. Allí, en el lugar por el que bregaron desde enero de 1984, cuando pudieron hacer la denuncia, los militantes que sobrevivieron hablaron de sí mismos, contaron cómo era su vida cuando el terrorismo de estado los partió en dos. También hablaron de los compañeros y compañeras desaparecidos, les pusieron nombre y apellido, relataron el último gesto, el tiempo compartido en cautiverio, les rindieron homenaje, siempre con los ojos húmedos. Dijeron una y otra vez que el compromiso de declarar era reivindicar a los que no están.

Una generación diezmada se sentó en el Tribunal para contar lo suyo, por primera vez, donde corresponde. Lo más importante pasaba allí, pero al salir de la sala de audiencias había otra intensidad: el sostén, el alivio, la construcción colectiva que permitió llegar hasta aquí. Los abrazos, las lágrimas, las sonrisas. Los de entonces y los jóvenes que se acercan a urdir una trama, a reconstruir los hilos faltantes, a darles entidad.

"No pudieron, no pudieron con nosotros", gritó triunfante Stella Hernández cuando salió del tribunal donde hizo un largo y contundente relato. Ella eligió rescatar la solidaridad y la alegría como las armas que usaron para no dejarse vencer. Contó cómo cantaban, hacían obras de teatro, buscaban las mil y una formas de sentirse vivos, allí donde los represores intentaban convertirlos en piltrafas. Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando contó que un compañero, muy torturado, le pedía que cantara "Para la libertad", la canción de Joan Manuel Serrat con poesía de Miguel Hernández, poeta muerto en una cárcel franquista. Y en esas circunstancias, fue transparente la hondura que podían alcanzar los versos "porque donde unas cuencas vacías amanezcan,/ ella pondrá dos piedras de futura mirada,/ y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan,/ en la carne talada".

Hernández fue también una de las testigos que relató las violaciones sistemáticas que se producían en el SI. Acusó a Mario Alfredo Marcote por haberla agredido su integridad sexual, pero subrayó que no fue la única víctima. "Era el violador serial del SI", dijo la ex detenida. Su pedido al tribunal fue concreto: "Quiero que consideren a las violaciones como delitos de lesa humanidad". El reclamo no fue sólo en nombre propio. "Lo hago por Juani Bettanín, por las que no están y por todas las que estando, no pueden decirlo porque les provoca mucho dolor", dijo Hernández. Juani Bettanín era la suegra de María Inés Luchetti y madre de Guillermo Bettanín, diputado nacional de la Tendencia que fue asesinado el 2 de enero de 1977 en su casa de barrio Gráfico. La mujer tenía 54 años cuando fue secuestrada. A ella también la violaron. Elida Deheza describió que otro de los represores, apodado Kuriaki, la violó en el SI. No fueron episodios aislados, formaba parte de la política de aniquilamiento.

Las decenas de testimonios escuchados en los últimos tres meses trazan un mapa del funcionamiento del principal centro clandestino de detención de la provincia, donde pasaron unas 2000 personas. Y por lo menos 300 están desaparecidas. El Tribunal ordenó a los testigos por la fecha de secuestro, de modo que los nombres de los detenidos, de los que fueron torturados hasta la destrucción, de los desaparecidos, se repiten una y otra vez durante varios días.

El juicio caratulado como Díaz Bessone, por el acusado con mayor jerarquía, fue concebido y conocido como causa Feced. Lo armó pacientemente el equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y APDH, desde la misma dictadura, en los primeros años 80. Contactaron a los que habían estado detenidos y les tomaron declaración. La abogada Delia Rodríguez Araya era la responsable de este grupo, y como tal, fue nombrada una y otra vez por los testigos, a modo de homenaje, ya que falleció en mayo de 2009. Integraban ese grupo Olga Cabrera Hansen, también abogada, Ana Moro y Alicia Lesgart, entre otros. Aquella denuncia se presentó en forma colectiva en enero de 1984. La causa que se inició en los tribunales provinciales sufrió en 1986 el robo de los expedientes con importantes pruebas, conseguidos gracias al esfuerzo de este equipo. Después, las leyes de punto final y obediencia debida paralizaron los procesos. Debieron pasar más de 20 años, cuando se derogaron esas leyes de impunidad, para que se reabriera. Pese al robo, la causa cuenta con prueba producida en aquel entonces, cuando todo estaba fresco. Reconocimientos de las víctimas a los integrantes de la patota, denuncias de 1984, recorridas de los lugares donde funcionaba el centro clandestino de detención, todo forma parte de esta causa, ya que se incorpora por pedido del fiscal Gonzalo Stara.

Lo que no podrá usarse son las 26 indagatorias de José Rubén Lofiego en las distintas etapas de instrucción. El hombre que conducía las torturas en el SI usó una estrategia para anularlas: si él se abstenía de declarar, todas sus indagatorias debían incorporarse por lectura. Decidió decir algunas nimiedades el 6 de octubre, y el Tribunal consideró que esas pocas palabras inhabilitaban la lectura de sus dichos anteriores. Otra fue la actitud del ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, y uno de los ideólogos de la aplicación del terrorismo de estado en la Argentina. Es el único de los acusados que cuenta con una defensa particular, del abogado Gonzalo Miño. La indagatoria de Díaz Bessone se basó en negar la existencia de centros clandestinos de detención, deslindar su responsabilidad sobre la policía provincial y sembrar dudas sobre el destino de los desaparecidos. "No puede haber evidencia si no hay cuerpo del delito", dijo con cinismo el militar que dejó su cargo en el Segundo Cuerpo para convertirse en ministro de Planificación de Jorge Rafael Videla. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", afirmó el acusado. El abogado de Hijos, Lucas Ciarnello, pidió al Tribunal que no le permitieran la provocación ni la ofensa. También la profesional de Familiares y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Jessica Pellegrini, recordó que el respeto a las víctimas es un principio rector de los juicios por delitos de lesa humanidad. Este mismo año, el Equipo Argentino de Antropología forense identificó los cuerpos de Roberto De Vicenzo y Cristina Cialcetta, dos de los desaparecidos cuyos homicidios forman parte de esta causa, y que formarán nueva prueba, contundente, sobre el destino de los desaparecidos.

Los acusados en la causa son Díaz Bessone, Lofiego (el Ciego), Marcote (el Cura), José Carlos Antonio Scortecchini (Archie), Ramón Rito Vergara (Sargento o Pelado) y Ricardo Chomicky (Cadi), que pertenecía a Montoneros y colaboró con la patota. No todos están en la sala. El Tribunal permite a Díaz Bessone, Lofiego y Scortecchini que sigan las audiencias en una habitación contigua. Escuchar las pruebas que los incriminan es parte de su derecho a la defensa, garantizado por la Constitución nacional. Pero los testigos manifiestan su enojo con la disposición de la sala. "Se repite la misma situación, ellos pueden vernos y nosotros no", dijo Laura Hanono. Desde el 17 de julio, el funcionamiento del terrorismo de Estado y sus responsabilidades operativas se describen diariamente en un Tribunal rosarino, y sus víctimas encuentran un lugar donde empezar a reparar heridas indelebles. "El daño ya está hecho, pero es importante que se produzcan las condenas para que no se siga produciendo", expresó Hanono. Dos desafíos se abren con este juicio: ventilar la verdad, castigar a los responsables, y evitar la continuidad del dolor.