Central es uno de los pocos clubes del país que no tiene como norte financiero un presupuesto de gastos previsto y carece de balance contable, tal cual exige la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sus afiliados. Lo que no hizo por irresponsable Horacio Usandizaga aún no lo resolvió el presidente Norberto Speciale, quizá por lo engorroso de la gestión que recibió el actual gobierno. La incertidumbre administrativa se agigantó en los últimos días por la auditoría encargada a una firma de objetables antecedentes Price Waterhouse Cooper, denunciada por estafa , que elevó un diagnóstico alarmante respecto a las estructuras económicas de la institución. Pero lo que mejor ilustra el presente del club es el informe "al cual tuvo acceso Rosario/12 sobre los 132 juicios que afronta la entidad, además de otros seis intimaciones en situación "extrajudicial", donde se estima la deuda a afrontar en más de 40 millones de pesos, presunción que se anticipa de acuerdo a la situación jurídica en que se encuentra cada expediente. Hay litigios heredados de los gobiernos liderados por Víctor Vesco, Pablo Scarabino y el propio Usandizaga. Futbolísticas, entrenadores, representantes de jugadores y empleados componen la extensa nómina de demandantes.

El frente judicial de Central aparece mucho más engorroso e incierto que el deportivo, del cual por estos días se hace cargo el técnico Héctor Rivoira. La institución de Arroyito acusa 54 demandas laborales, algunas de ellas iniciadas en el 2004, es decir luego de firmarse el acuerdo en la convocatoria de acreedores. El juicio más oneroso se encuentra en el expediente 164/07, y tiene como parte demandante a Leonardo Astrada, echado como técnico por el grupo inversor que terminó por descalabrar la salud institucional de Central en el 2007, año en que la Justicia intervino la entidad. Al ex entrenador se le debe, según su reclamo, $2.200.000. En la cola de ex técnicos que no cobraron se para también Carlos Ischia, quien pide $320.000.

Los jugadores de paso por Arroyito que todavía reniegan para percibir sus haberes son muchos. El caso más significativo, quizá, sea el de Roberto Acuña, llegado al club de la mano de Cristian González en el 2008, y de fallida participación en el primer equipo. Lesiones e inaceptables rendimientos hicieron que su ciclo con la auriazul no se extendiera por más de algunos meses, servicios por los cuales exige $448.500.

En cuanto a litigios con otros clubes, Central mantiene relación solo por intermedio de abogados con Tiro Federal y Combate de San Lorenzo y Juan XXIII. Los tigres demandaron por $682.500, el ex club de Marco Ruben tramita, por contrato incumplido en la venta del delantero, dos millones de pesos y la entidad barrial de la ciudad, por causa similar con un jugador, espera por $292.500.

Al revisar los expedientes se puede recordar algunos de los escándalos que soportaron los socios canayas en el último lustro. Como el caso del Juan Carlos Alvares, un contribuyente al fisco en la categoría más baja del Monotributo que hizo juicio afirmando que la entidad le debe $2.652.000, por un mutuo firmado oportunamente por el ex secretario Gonzalo Estévez. Aquella gestión en la que participó Estévez animó la vergüenza que acaparó la atención de los medios nacionales cuando los directivos en funciones dispusieron "expulsar" a Scarabino como presidente. Para recuperar el mando de las riendas del club el ex secretario de Vesco contrató al abogado Sergio Martyniuk, quien luego acudió a Tribunales para tramitar "regulación de honorarios" por $938.146. En vez de ser Estévez y Cía. los que se hagan cargo de los servicios del profesional, necesarios para probar judicialmente el atropello cometido por ellos, será Central el que asuma el desembolso de la millonaria suma, más temprano que tarde.

Es hábito en los canayas que ante la renovación de autoridades se cambie de representantes en el fútbol profesional. En el último gobierno de Vesco el empresario de jugadores fetiche del escribano fue Eduardo Socca. Con Scarabino llegó Juan Carlos Silvetti, y de él el club aún no se puede desprender, incluso a pesar de las barbaridades que disparó sobre su figura Horacio Usandizaga, quien para restringirle su actividad en la entidad intimó a los futbolistas para que busquen otro asesor. Y tras ello cayeron las demandas ambas radicas en Buenos Aires , una por $2.904.720 y otra por $646.050. Pero lo peor está por llegar: en etapa "extrajudicial" Silvetti intima el cobro de la millonaria suma de $19.500.000 en concepto de "daños y perjuicios" por la bravuconada del Vasco que derivó en que sus representados dejen de requerir sus servicios para así permanecer en Arroyito.

También en etapa previa a la judicial se encuentra uno de los últimos regalos que dejó el Vasco: un particular de apellido Staculi le requiere a Central $550.000 por "daños y perjuicios" en reclamo por el 20 por ciento del pase de Guillermo Burdisso, cedido en julio a Roma de Italia.

Y como no podía faltar, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recurrió a la vía legal para que Central pague sus impuestos. Una demanda es por $1.976.069,49 y la otra de $729.684,46.