"Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".

El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.

Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.

Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".

El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido (ver aparte). La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".

En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".

Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".

Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".

"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia deben responder", sentenció.