Dom 10.04.2011
rosario

CIUDAD › EN POCOS DíAS, TRES MADRES DE ROSARIO Y GRANADERO BAIGORRIA ENTREGARON SUS HIJOS MENORES A DISTINTAS COMISARíAS Y PIDEN AYUDA A GRITOS.

Madres que ya no pueden con sus hijos

Violencia, drogas y agresiones hacia la propia familia son las denuncias más comunes. La policía los retiene unas horas y después son derivados a institutos semicerrados. Cómo opera en la práctica la puesta en marcha de la nueva ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que deja a los jueces de menores sólo con competencia para atender causas relacionadas con jóvenes punibles de entre 16 y 18 años.

› Por Alicia Simeoni

La decisión de una mujer que vive en Granadero Baigorria de llevar a su hijo a la comisaría 24ª de ese ciudad, a partir de la pelea que tuvo con un compañero de la escuela a quien hirió con un cuchillo, dispara la memoria hacia los comentarios que se escuchan en los distintos circuitos que trabajan con púberes o adolescentes, en el sentido de que hay momentos en que las madres piden, desesperadas, un límite externo que no pudieron poner a sus chicos. A este se sumaron otros dos casos, el de Brian de 14 años que fue llevado por su madre a la seccional 19º de Rosario porque "amenazó con un revólver a toda la familia, siempre está drogado y ya no podemos controlarlo". Ahora quedó alojado en el hogar del padre Tomás Santidrián. Y otro caso, el de un chico de 18 años que también se llama Brian que fue entregado por su madre, Fabiana a las autoridades de la seccional 18ª de Rosario como presunto autor del asesinato de Jorge Mariano Soto, ocurrido la semana pasada en Centeno y Constitución. El chico se encontraba prófugo desde el violento hecho.

El adolescente agresor, de 15 años, y por tanto no punible, está alojado en un hogar de puertas abiertas en el que su madre lo visita y allí retomó la escuela con la asistencia de un grupo interdisciplinario que trabaja también con la mujer, sobre todo a partir del vínculo con su hijo. Respecto del joven se instrumentaron los mecanismos de atención que prevé la ley de protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Así lo indicó a Rosario/12 la titular de la Dirección provincial que depende del Ejecutivo, que es la autoridad de aplicación de la norma en la materia y que en Rosario está a cargo de la psicóloga Mónica Varetto. Por su parte la jueza de Menores de la Primera Nominación, María del Carmen Musa, pide la efectiva intervención de los equipos interdisciplinarios, cuando se trata de una situación tan delicada. Desde otra mirada, la trabajadora social Jimena Staurini, quien se desempeña en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario considera que "es necesario comenzar a problematizar con estas madres el porqué de los circuitos riesgosos de sus hijos partiendo de que son niños, menores de edad, y que por lo tanto deben estar al cuidado de un adulto", sin cargar todo el peso de la situación sólo a la relación madre hijo, que por otra parte casi siempre estuvo privada de todos sus derechos.

Es la jueza de Menores María del Carmen Musa quien plantea que situaciones como la de estas madres y sus hijos menores, se suceden "cada vez con mayor frecuencia" y que quienes "operamos en estas cuestiones, lo vemos a diario". Para la magistrada es preciso informar a la población que desde la entrada en vigencia de la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 12.967, el 30 de abril de 2009, "la competencia de los Jueces de Menores fue limitada al juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 16 y 18 años de edad aún no cumplidos. Toda la actividad de tutela que otrora le cabía al fuero minoril, desde la fecha mencionada está en manos del Poder Ejecutivo". Musa explica el mecanismo que prevé la ley para concluir en que "ni los jueces de Menores ni los de Familia podríamos atender el reclamo de esta madre desesperada", ya que como se dijo corresponde la intervención del Ejecutivo.

Musa recuerda también que Varetto puede adoptar la medida llamada excepcional (art. 58) que consiste en separar al niño de su familia y alojarlo con un grupo familiar alternativo o en una institución, por un plazo de noventa días renovables, para lo que se debe contar en ese caso, y frente a cada prórroga, con la legitimación del Juez de Familia "que limita su actuación a revisar si la separación aludida tiene fundamento, si es el único recurso posible y si efectivamente garantiza el interés superior del niño, principio rector en la materia".

La jueza aborda luego el cómo ocuparse del problema y opina que "la primera buena práctica que deberíamos darnos todos es la de abrazar real, o simbólicamente, como la ocasión lo permita, a los involucrados, haciéndoles percibir que no están solos, que podemos comprender empáticamente lo mal que se sienten. Para sintetizar, hacer con el doliente lo que esperamos que hagan con nosotros cuando estamos atravesando un mal momento". La segunda práctica que menciona consistiría en posibilitar un espacio físico "donde alojar a este chico por unas horas hasta que los ánimo se serenen y se pueda dibujar el borrador de una propuesta que se vislumbre eficaz para el logro de una mejor calidad de vida".

La tercera tiene que ver con que "el equipo interdisciplinario tan presente en las reglas para el abordaje de cualquier problemática, por más insignificante que aparezca, actúe realmente como tal, como equipo, de manera pronta y contigua al escenario cotidiano. Si nos instalamos cómodos en la rutina de apercibir a la gente que se acerca a confesar su impotencia frente a la violencia, la adicción y la miseria que la atraviesa dice , fundamentándonos en que la familia "debe" poder con todo eso, contener a sus miembros y no sucumbir; si nos emperramos en descuartizar su rutina con turnos dislocados para ser atendidos por los especialistas de los distintos saberes que estarán disponibles en el tiempo que queda entre las vacaciones y las medidas de fuerza; si nos regodeamos en derivaciones que concluirán en nuevas derivaciones; si insistimos en naturalizar el consumo de sustancias psicoactivas esperando que los consumidores lleguen a la categoría de adictos para recién después intervenir; el grito de auxilio se mostrará en televisión".

Búsqueda de un marco externo

Justamente desde la Dirección en Rosario, Varetto informa que el chico está en "un hogar" y que se comenzó a trabajar con su madre la cuestión del vínculo entre ambos. Del que es un proceso muy complejo realiza una síntesis: "Ella visita a su niño en el hogar que no es de puertas cerradas, sale a dar una vuelta con el chico y regresan".

Cuando la mujer se presentó en una comisaría dijo que con su hijo "no podía" y que era mejor "limitarlo en un espacio físico" Esta situación se vio en otros casos y en general, en casi todos, el reclamo está referido a un hijo al decir "con este chico no puedo". Varetto transcurre luego porque hay indicadores, tanto jurídicos como clínicos que podrían tomarse para analizar por qué ocurre lo que ocurre con las madres y con sus hijos. Y opina que puede recurrirse al concepto de filiación, que desde la mirada legal "es un vínculo existente entre los padres y los hijos que determina una acción y un efecto: filiar es dar un marco legal al ubicar la procedencia de los hijos respecto de los padres". También dice que podría pensarse en términos de cómo se ordena la familia humana, donde se determinan funciones maternas y paternas. "Cuando estás funciones son fallidas "expresa , se produce lo que se llama una falsificación de la filiación y esto genera como un corrimiento en la cadena de transmisión generacional y los efectos de un pedido de un marco externo".

En la búsqueda de explicaciones para los pedidos de ayudan que formulan, casi siempre las mujeres en relación con sus chicos, "podría decirse que la familia es un lugar de transmisión donde la función materna sostiene los cuidados y la paterna articula la ley y el deseo. Cuando la función paterna no se somete a la ley "hablamos de funciones, de cuestiones simbólicas , se producen serios efectos en un sujeto. De ahí que hay un corrimiento de las coordenadas simbólicas y un pedido de un límite externo. La función paterna también implica mucho que no tiene que ver con el padre presente, real, con nombre y apellido, es una función que puede encarnar cualquier adulto porque tiene que ver con la ley".

Las situaciones que describe Varetto aparecen cuando los hijos llegan a la adolescencia. Comenta que se ven más casos en varones que en mujeres y que son las madres quienes hacen este planteo del orden del "no sé qué hacer, intérnenlo, no lo encierren pero sí intérnenlo porque con él no puedo hacer más nada". Para la directora de Promoción y Protección Integral se puede leer una caída de las funciones de legalidad que hacen a la constitución subjetiva de esa madre y que se transmite a ese niño. "Por lo tanto se trata de un niño o un joven que también tiene un conflicto con la ley, lo que no quiere decir que vaya a cometer un delito, pero sí que tiene una dificultad para ubicarse en un lugar de no transgresión".

Varetto insiste en que el pedido aparece desde el lugar de la mujer, aún en familias constituidas con padre y madre presente, "pero es en ella en quien cae algo de su historia que tiene que ver con la ley y pide un límite real". El momento, parece ser, es cuando los niños pasan a ser adolescentes. "Se trata de un momento de preguntas, de trasgresión, de rebeldías y también violencia. Ahora aparecen muchos actings, violencia física y verbal. Los adolescentes de hoy son más violentos en relación a los de generaciones anteriores"

"En el Irar mejor que en el barrio"

La trabajadora Social Jimena Staurini que se desempeña en el Insituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) plantea que algunas de las madres de los chicos alojados en la institución de encierro, y con las que toman contacto, sostienen que sus hijos "están mejor en el Instituto que en su propio barrio, familia o comunidad, ya que en esos ámbitos los ven más expuestos por peleas con otros jóvenes, por la relación con la policía y por el desmesurado consumo de sustancias tóxicas, sin que midan las consecuencias que se presentan ni siquiera a nivel salud". El comentario frecuente, según la expresión de Staurini, "lleva a pensar en la falta de contención que estas mujeres pueden brindar, pero a la vez en el marco de las múltiples funciones que cumplen: como jefas de familia que proveen los ingresos económicos y a la vez en que son hijas, hermanas, tías, padres. De hecho las mujeres cuyos hijos están en el Irar provienen de los sectores más humildes de la población y que por lo general no son sólo madres de adolescentes sino que en la familia hay varios integrantes con procesos de crecimiento distintos, lo que requiere de mucha atención. Y ni hablar si hay alguno que tiene problemas de salud. ¿Cómo poder enfrentar esta situación sola?".

Jimena Staurini cuenta que se han presentado madres en la puerta del IRAR pidiendo la internación de su hijo porque "ya no saben que hacer, sin poder pensar en el costo que esto trae en el desarrollo pleno de un adolescente el estar privado de la libertad, bajo custodia del Servicio Penitenciario y tras las rejas. Esta búsqueda incesante de la puesta de un limite en un otro, una terceridad imparcial que sólo de este modo puede legitimar un no en la vida de estos adolescentes, tiene su razón de ser en el imaginario de la encarnación de la Ley sólo en los tribunales, o de la Ley de la fuerza pública representada tras los uniformes de la policía. Es importante en estos casos explicar que otros no sabrán mejor que ellas cómo cuidar a cada uno de sus hijos, ya que todos construimos legalidades. El problema surge aquí, como dije anteriormente, en que al tener tantas exigencias en la vida misma, estas madres comienzan, en algunas situaciones, a dejar de lado los afectos, la escucha, debilitándose así los lazos que se vuelven cada vez mas frágiles. Es decir, va desapareciendo el vinculo madre hijo; muchas veces desconocido por ambos, en una situación que se acrecienta aún mas en la etapa de la adolescencia en donde no hay dialogo o comunicación". La reflexión de Staurini lleva a la explicación que dan algunas madres quienes dicen que durante las visitas que tienen en el Instituto 5 horas por semana aproximadamente , lograron entablar conversaciones con sus hijos, conocer más acerca de sus gustos y preferencias cuando antes casi ni se cruzaban aunque vivían en el mismo lugar.

La necesidad de comenzar a problematizar con estas madres el porqué de los circuitos riesgosos de sus hijos partiendo de que son niños, menores de edad, y que por lo tanto deben estar al cuidado de un adulto, resulta imperiosa para que puedan situar a sus chicos en otro lugar que no sea el de "peligroso", "choro", "drogadicto", al que muchas veces le tienen miedo por las amenazas que les hacen. "Este es el punto de partida para empezar a construir un vinculo diferente entre ellos, pero con esto sólo no alcanza; no podemos tampoco valernos de considerar que el problema pasa sólo por la relación madre hijo ya que esta relación esta condicionada por un contexto social del cual no todos partimos de las mismas condiciones materiales de existencia".

Por último y como ejecutora de políticas públicas, la trabajadora social Staurini entiende "que no se pueden hacer juicios de valor ante estas madres por las actitudes que tienen para con sus hijos" Hay que lograr una visión integral de las situaciones y poder pensar que se trata de familias atravesadas por la vulneración de derechos elementales, vivienda digna, salud, educación, trabajo, alimentación. Hay que valorar que los pedidos de ayuda, el grado de alerta que aun en la situación en la que se encuentran tienen con respecto a la "posible solución para sus hijos" requiere de las instituciones estatales el replantearse la razón de que no existan circuitos aceitados para que los pedidos se resuelvan con más facilidad y agilidad".

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