El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó ayer al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121, coronel Alfredo Sotera, por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Se trata del autor del informe que lleva su nombre y que detallaba los objetivos marcados por la represión y que fuera aportada a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia, Adolfo Salzman. El rol asignado a Sotera -que fue jefe de la inteligencia militar hasta diciembre de 1976- es el de haber "marcado a los objetivos" que luego fueron detenidos o secuestrados tanto por la Patota de Feced, como por el personal del Ejército.

Para la justicia federal, Sotera fue "partícipe necesario" de 13 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; otros 66 casos de secuestro seguido de tormentos, por 17 hechos de secuestro, torturas y homicidios (entre los que se cuentan la Masacre de los Surgentes) y otros 5 homicidios. Y le dictó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.

Bailaque procesó a Sotera por las muertes de José Oyarzabal, Sergio Jalil, Daniel Gorosito, Oscar Manzur, Santiago Werle, Eduardo Pérez, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Roberto De Vicenzo, Rut González, Miriam Moro, Estrella González, Antonio López y Héctor Vitantonio.

También lo encontró penalmente responsable como partícipe necesario de las muertes de Miguel Gauseño, Carlos Kruppa, Osvaldo Matosky Szeverin,

Cristina Cialceta (la joven asesinada junto a su novio el francés Yves Domergue y cuyos cuerpos fueron identificados en Melincué). La justicia también responsabilizó a Sotera por el crimen de Alejandro Stancanelli ocurrido en plena vía pública en Oroño y San Luis en 1976.

A Sotera se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El ex jefe de Inteligencia había sido indagado por el juez Bailaque

en el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el pasado 3 de marzo en San Isidro. Del procedimiento participaron los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta quienes concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas que en su mayoría pasaron por el Servicio de Informaciones (SI).

Los fiscales le atribuyeron "haber formado parte en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralta, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva", vale decir, el delito de asociación ilícita.

En aquella indagatoria al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, Sotera dijo que "los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle". Reconoció además que "tenía contacto con jefes policiales" así como que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura y que participaban de las mismas el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.

En esa indagatoria dijo también que "el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno".