"Podemos entender el dolor de familiares y amigos de Pocho Lepratti, pero como Coordinadora de Trabajo Carcelario, sostenemos lo que venimos diciendo desde siempre: quien cumplió su condena, pagó ante la sociedad y si está encuadrado dentro de los requisitos de la ley y creemos que este caso de Velázquez es así, corresponde que le den la libertad condicional, que pueda trabajar y que pueda seguir con su vida". La frase corresponde a Carmen Maidagan y Lilian Echegoy históricas dirigentes de la CTC, miembros de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos del Diciembre Trágico, y abogada de la familia Lepratti en el caso de Maidagan. La declaración surge en el misma jornada que un integrante de esa Comisión salió a denunciar la libertad del ex cabo Esteban Velázquez, quien al cumplir dos tercio de su condena a 14 años de prisión por el asesinato de Pocho recuperó su libertad el 3 de mayo y hoy atiende un carrito de hamburguesas en Arroyo Seco.

Maidagan dijo a Rosario/12: "Hay que escrachar a alguien en las cuestiones en donde hay impunidad, pero en el caso Velázquez no hubo impunidad, hubo una condena, acorde con el delito que cometió. Impunidad existe en la línea de jerarquía hacia arriba: las autoridades políticas y los altos cargos policiales".

En este sentido la letrada apuntó hacia "la responsabilidad del actual gobierno provincial que asumió el compromiso de investigar y dar impulso a estas causas. El mismo Hermes Binner había reconocido la responsabilidad del propio Carlos Reutemann, pero como gobierno provincial no se hicieron cargo de ese tema".

Por su parte Echegoy remarcó que "como Comisión Investigadora hemos tenido reuniones con el gobernador y con el ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti, quienes se comprometieron a impulsar la investigación y a proporcionar todo el material necesario a la Comisión para continuar con nuestro trabajo". "Sin embargo -agregó- no se hizo nada y por el contrario se hicieron reuniones dilatorias y hoy nos da vergüenza ajena escuchar que un candidato a gobernador como el doctor Antonio Bonfatti, esté usando la canción de Pocho, 'El Angel de la bicicleta' para promocionar su campaña política. Ellos tienen una responsabilidad en que no se ha investigado, porque no hubo una política de estado al respecto, porque acá hubo ocho muertos por balas policiales dato refrendado por un juzgado. Y sin embargo esas muertes no fueron investigadas y no hay policías presos". "Enrique Alvarez, el secretario de Seguridad no fue imputado ni Reutemann tampoco, y el actual gobierno tampoco impulsó los juicios", remarcó Echegoy.

Echegoy recordó que la Comisión se reunió con Binner dos o tres días después de haber asumido, junto a familiares de las víctimas, y una de las cuestiones que se plantearon fue el resarcimiento económico por la situación en la que habían quedado estas familias ya que en muchos de los casos los muertos eran su sostén económico. "En esa reunión el actual gobernador se negó a hablar de indemnización. Después hubo algunos proyectos, pero ninguno contemplaba indemnización alguna, y no se hizo nada", acotó.

Para Maidagan "reconocer que el anterior gobernador como el caso de Reutemann era el responsable de las muertes, era reconocer que era el estado el responsable". "Hay una continuidad del estado y esto es lo lógico, se tiene que hacer cargo de lo que hizo el propio Estado con anterioridad", dijo Echegoy.