Un nuevo asesinato de los que la policía denomina "ajuste de cuentas", cuando ya la agenda periodística y política enfocó el asunto esta semana, hizo que la zona de Necochea y Centeno ayer amaneciera copada por unos 150 agentes de la Unidad Regional II y de las Tropas de Operaciones Especiales, para concretar ocho allanamientos y detener a dos personas como sospechosos del cuarto crimen de ese tipo ocurrido en barrio Tablada en este mes. El jefe de Policía, Cristian Sola, dijo que trabaja para "cortar el circuito de las armas ilegales, del cual este año se lograron secuestrar 700". El secretario de Seguridad Comunitaria Enrique Font enmarcó estos crímenes como un resultado "del corrimiento del Estado en los '90, que dejó afuera al 40 por ciento de la población y le metió en la cabeza que uno es alguien a través del consumo". Según un abogado penalista conocedor de las economías ilegales que laten detrás de estos episodios, los hechos de violencia responden a "la disputa del mercado de la droga" y su dimensión "sorprendió al gobierno provincial".

El homicidio de Matías Sosa (19 años), ejecutado a balazos en pasaje Rezzara al 100, cerca de Necochea y Centeno, desató allanamientos múltiples. El eufemismo "ajuste de cuentas" volvió a las crónicas del día y se sumó a una media docena de asesinatos parecidos que ocurrieron en la ciudad desde el mes pasado.

Sola, dijo a Rosario/12 que de aquí en más su estrategia será "cambiar de manera sistemática tácticas de patrullaje y apelar a recursos múltiples como hoy (por ayer) con Infantería, Comando y otras reparticiones como las TOE incluso, con el fin de cortar el circuito de armas ilegales". Sola señaló que "hay zonas donde la tarea preventiva es mayor y eso achica el margen de maniobra de estos grupos que terminan con estos desenlaces violentos". Para el jefe policial de Rosario, "no hay bandas organizadas" en el narcotráfico sino "personajes aislados con algunos jóvenes que les llaman soldaditos, puestos a la venta de estupefacientes".

Tampoco hay, para el jefe policíal, la posibilidad de connivencia policial con traficantes de modo estructural en la fuerza. Su teoría es la de la manzana que pudre el cajón. "Tengo 5.000 hombres a cargo y alguno puede ser que no se ajuste a la ley, y para eso actuamos en consecuencia con Asuntos Internos, el Ministerio y la Justicia, pero de 1 a 10, mi confianza en la tropa es de 10", aseguró.

Font fue ayer el portavoz del gobierno ante la sensación de alarma que se coló en el discurso de la prensa y del ámbito político. "Los jóvenes que protagonizan estos hechos son el resultado de la retirada del Estado, con el avance de una cultura que realiza a través del consumismo; jóvenes que hallan en el uso de un arma un prestigio que no consiguen por otros caminos", dijo. El funcionario agregó que "no hay soluciones mágicas que resuelvan el problema de un día para el otro". Font cifró confianza en "las políticas de inclusión social que demostrarán su efecto en el mediano plazo" y en el programa de desarme voluntario y la búsqueda policial de armas en procedimientos judiciales, pero aseveró que "desde los '90 hay un incremento de la proliferación de armas en la población civil".

El análisis de Font considera también que el control que hizo el Estado nacional en los '90 del tráfico hacia Bolivia de precursores para fabricar pasta base propició la organización de pequeñas cocinas de droga en Argentina. "El negocio se atomizó, se territorializó y la disputa es mayor. Personajes pesados del delito dedicados al robo a mano armada se dieron cuenta que el negocio de explotar o custodiar un quiosco de droga es menos riesgoso y más redituable que asaltar un banco", describió.

Rosario/12 consultó al abogado penalista Adrián Ruiz, quien por su propio oficio conoce a más de un protagonista de estos hechos de violencia. "La policía se les volvió autónoma hace ya algunos años. Si no le das recursos y además le exigís, es como mandarla a robar", dijo.

Ruiz explicó el trasfondo de esta serie de crímenes con una frase: "Es una disputa de mercado que, en este rubro, termina a los tiros". Y coincidió con Font en observar que delincuentes experimentados en robos y asaltos "se dieron cuenta de que en lugar de pasar la mitad del tiempo presos, el negocio de la droga es mejor y les rinde más".

De acuerdo con su visión, la recuperación de la economía general también mejoró el consumo de drogas y "masificó la venta, porque antes compraba quien conocía a un dealer, pero hoy cualquiera le vende a cualquiera. Rosario es un lugar de salida de drogas, hay mucha más oferta porque hay más dinero disponible. Creo que al gobierno la densidad del problema lo sorprendió". Y cerró con una propuesta que encierra una denuncia latente: "Una clave debería ser que se investigue el patrimonio de los funcionarios".