La jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara procesó por el homicidio de Héctor del Valle Cornejo a seis dirigentes --gremiales y sociales-- que participaron en 2008 del enfrentamiento entre miembros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra). La magistrada culpó por "homicidio y lesiones en riña agravadas" a los ex gremialistas de la delegación local de Atilra, Víctor Hugo Vega y Edgardo Barbero; a Carlos Ghioldi, de la Asociación Empleados de Comercio; al representante de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Eduardo Delmonte; y también a Gustavo Tardini y Raúl Cazón, quien oficiaba de guardaespaldas en la sede del gremio de San Luis al 3300, el día de la batalla campal. El abogado de Delmonte, Amilcar Monti, adelantó que apelará la resolución, porque el fallo sobre su defendido "no tiene asidero", porque en la foto donde se lo ve al líder de la CCC, está en actitud "pasiva". Podría haber más apelaciones. Además, la jueza dictó falta de mérito para Pablo Lesgart, que había sido nombrado por Cazón.

El 3 de diciembre de 2008, Atilra Rosario realizó un acto público en el gremio que no estaba alineado con la conducción nacional. A las 9 de esa mañana había entre 70 y 80 personas entre miembros del sindicato, de otras organizaciones gremiales, no gubernamentales y organismos de derechos humanos, para participar de un acto en repudio a agresiones que habían sufrido días atrás empleados de SanCor.

Para el mediodía, eran unas 200 personas. Todos llevaban remeras verdes, que los identificaban con la conducción local. La aglomeración motivó la presencia de algunos policías en el lugar, de manera preventiva; aunque después del desenlace de ese mediodía, varios testigos y participantes de la gresca aseguraron que la policía tuvo un accionar "pasivo".

Según expresa el fallo, alrededor de las 13, llegó una columna del sindicato de varias provincias cercanas, que respondían a la conducción nacional de Atilra. Ingresaron por calle Iriondo, hacia San Luis, unas 500 personas vistiendo remeras amarillas, con la misma inscripción que los locales: Atilra. Los manifestantes llegaron a la ciudad en siete colectivos, otras tantas Trafic y varios automóviles. En sus manos portaban elementos contundentes. El objetivo de los "amarillos" era tomar la sede Rosario, pero ante la resistencia de los "verdes" se produjo una balacera.

Algunos de los testimonios que figuran en el expediente judicial expresan que las detonaciones de arma de fuego se escucharon "del grupo identificado con remeras verdes". Cornejo, un afiliado cordobés de 50 años, era parte del grupo de remeras amarillas del sindicato de los lecheros, y llegó para participar de la toma de la sede. La Justicia señaló que se encontraron cortaplumas, candados, varillas metálicas, cuchillos y piedras fueron secuestrados por la policía.

Apenas se dio aviso de que había una persona fallecida, la jueza libró una orden de allanamiento al interior de la sede local del gremio "debido a que presumiblemente, había armas de fuego". Adentro, quedaron demorados varios sindicalistas, que llegaron alertados por el enfrentamiento, cuando todo había comenzado. Estuvieron demorados allí hasta pasadas las 18.

Posteriormente, Pérez Vara tomó declaraciones indagatorias y testimoniales para resolver el caso. Personal policial que actuó ese día en calle San Luis coincidió en que se escucharon al menos diez detonaciones de armas de fuego y bombas de estruendo. Ante el alerta de algunos manifestantes, un grupo de efectivos llegó a Rioja al 3300 donde encontraron fallecido a Cornejo, con un impacto de arma de fuego; mientras que otras dos personas, identificadas como Desiderio Rodríguez y Pablo Rizolo, resultaron con heridas, en el mismo lugar.

Al día siguiente, personal de la Agrupación Cuerpos, identificó en un video a Raúl Cazón efectuando disparos con un arma de fuego. Cazón está procesado por "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego y portación de arma de guerra sin autorización legal"; y se le trabó embargo sobre sus bienes por cinco mil pesos.

Vega y Barbero fueron procesados por "homicidio y lesiones en riña agravadas por empleo de arma de fuego y tenencia de arma de guerra sin autorización legal" mientras Tardini, Ghioldi y Delmonte, quedaron procesados por "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego", y se les trabó embargo sobre sus bienes por cinco mil pesos a cada uno. En tanto, la jueza dictó la falta de mérito para Lesgart porque "no resultan suficientes los elementos para juicio de cargo".