La Patota de Feced deberá rendir cuentas ante la justicia federal por uno de los casos más emblemáticos de la represión en Rosario, la Biblioteca Vigil. Esta semana dos fiscales le pidieron al juez federal Marcelo Bailaque que cite a indagatoria a los integrantes de aquel grupo de tareas que detuvo a los directivos de la entidad educativa. También pidieron que se investigue la posible comisión de delitos contra el patrimonio.

Los fiscales federales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, a partir de una presentación que realizara la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acompañando a los denunciantes, Augusto y Celina Duri, Raúl y Antonia Frutos, solicitaron al juez Bailaque que -en el marco de la causa Feced- ordene la declaración indagatoria de José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara, Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Diego Portillo, Pedro Travagliante, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour, Carlos Norberto Moore, Felipe José Oréfice y Ricardo Corrales, en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con el delito de tormentos agravado cometidos contra ocho miembros de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil: Augusto Duri quien era presidente, Raúl Frutos vicepresidente, Platón Duri síndico, Domingo Denichilo primer vocal, Manlio Perrota síndico, Tomas Pedrido tesorero, Omar Perez Cantón, Síndico y Francisco Routaboul Síndico.

También solicitaron indagatoria para Ramón Telmo Alcides Ibarra, en orden al delito de tormentos cometido contra Celina Andrea Duri, menor de 10 años a la fecha de los hechos.

El 10 de mayo de 1977, seis miembros de la Comisión Directiva fueron secuestrados y conducidos en un camión del ejército a Jefatura de Policía de Rosario; allí permanecieron en condiciones inhumanas de detención siendo alojados en "Unidades especiales".

Ese mismo día, en horas de la tarde, Raúl Frutos y Francisco Routaboul, se presentan en Jefatura para hablar con Guzmán Alfaro -a cargo de los operativos de secuestro- quien inmediatamente les comunica que quedan detenidos siendo ingresados al SI, para más tarde reunirse con los otros miembros ya detenidos en Unidades Especiales.

Dos hechos puntuales habían sucedido meses antes: el 25 de febrero de 1977 en horas de la mañana ingresaron a la sede de la Biblioteca Vigil, el propio Agustín Feced, Telmo Ibarra, el contador Cancelieri, el capitán de Corbeta César Esteban Molina, el abogado Maldonado Puig, prohibiendo el acceso a los directivos de dicho establecimiento. El otro hecho importante es que éste grupo exige la renuncia de todos sus miembros, la que se formaliza el 11 de marzo de 1977, luego de mucho debate y tras haber entendido que era lo más recomendable porque sino los iban a matar.

En varias oportunidades, fueron sacados de Unidades Especiales e ingresados para ser interrogados con golpes y picana eléctrica, al CCD que funcionó en el SI. Las preguntas eran sobre la publicación de "Maestro Pueblo o Maestro gendarme" de María Teresa Nidelcoff y otras publicaciones de la editorial de la Biblioteca; también si conocía a Rubén Naranjo, si sabía que era del partido comunista y sobre las publicaciones de revistas cubanas (Bohemia y casa de las Américas) que tenía la Biblioteca Vigil. Preguntaban sobre el funcionamiento en general de la Vigil, qué hacíamos en la isla donde la Institución había adquirido un predio y donde se criaban animales, se habían plantado pinos para forestación, se cultivaba maíz, etc. Preguntaban acerca del manejo económico de la biblioteca", según recordaron los propios directivos.

Finalizado el interrogatorio, retornaba a Unidades especiales. Siempre al salir del SI les sacaban las vendas y antes de entrar, se las colocaban nuevamente. Allí, entre los represores que pudieron identificar mencionaron, entre otros, a Mario Alfredo Marcote (el cura), Guzmán, Feced y a Ramón Telmo Alcides Ibarra (Rommel).

Posteriormente, fueron "blanqueados" quedando arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta que en diciembre de 1977 son puestos en libertad desde el II cuerpo de Ejército donde Galtieri les dice que dieran gracias a Dios que salían vivos, pero de seguir en esas actividades, no iban a tener segunda oportunidad.

Además del pedido de indagatoria en orden a delitos contra las personas, los fiscales solicitaron a Bailaque que oficie al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 14 de los Tribunales Provinciales de Rosario a fin de que remita copia certificada del los autos "Biblioteca Popular Constancia Vigil s/liquidación", expte. N° 436/77 a los fines de que se investigue la posible comisión de delitos contra el patrimonio.

Su consideración como delito de lesa humanidad -afirmaron- no solo es posible, sino que se impone, sobre todo en casos como el presente en donde surge notoria la vinculación entre los delitos que damnificaron a los integrantes de la comisión directiva (secuestro y tormentos) y los posiblemente cometidos contra el patrimonio de la institución.

En este sentido, y como afirmaran los denunciantes, no puede olvidarse que la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil alcanza su época de mayor desarrollo en la década del 70, contando -a la época de los hechos- con escuelas primaria y secundaria, cursos de capacitación popular, departamentos de educación física, de ciencias naturales en un total de veintidós, la Editorial Biblioteca que había ya puesto en circulación cerca de cien títulos, distribuidos en catorce colecciones.- Asimismo, contaba con numerosos y valiosos bienes inmuebles donde se desarrollaban las tareas propias y de esparcimiento y terrenos donde se llego a edificar un prototipo de vivienda popular.

Párrafo aparte, merece el tratamiento de los hechos que damnificaron a Celina Andrea Duri, hija de Augusto Duri y Antonia Frutos. La misma fue interrogada en las instalaciones de la escuela Vigil por Telmo Ibarra. Al momento de los hechos, tenía 11 años de edad y cursaba 7° grado en dicha escuela.

La joven relató que entre fines de mayo y principio de junio de 1978, fue citada a la dirección de la escuela. En la espera, sale de la dirección Telmo Ibarra a los gritos diciendo "son todos rojos, todos marxistas, los vamos a matar a todos" por lo que rompe en llanto.

Telmo Ibarra se sienta en el sillón de su escritorio, le ofrece que se siente y comienza a sonreírle. Había empezado el interrogatorio.

Las preguntas fueron -no sin antes hacerle prometer a una criatura de 11 años que diga la verdad y que no le cuente a nadie lo que iban a hablar- acerca de "con quien vivía y sobre sus parientes que habían estado presos; le preguntaba si le habían explicado por qué habían estado presos; le preguntó si ella sabía que a la gente se la llevaban y no se sabía dónde; también preguntaba quién iba a su casa; los nombres de las personas que se acordaba; si se hacían reuniones y si eran políticas. Hasta sacó una lista de nombres y le preguntaba uno por uno y si sabía que sobrenombres usaban o tenían. Preguntaba por las edades, color de pelo, si tenían hijos esas personas que nombraba".

Cuando sospechó que la niña estaba mintiendo, Ibarra directamente sacó un revolver de un cajón y lo apoyo sobre el escritorio y le dijo: "esto es un revólver, agarrálo". El interrogatorio duró varias horas. Antes de finalizar, nuevamente le dijo que no le contara a nadie, lo que habían hablado.

Los fiscales entendieron que la mencionada "entrevista" entre Telmo Ibarra y la víctima en trato, que consistió en un detallado interrogatorio como hemos visto, creó en ella una atmósfera de sufrimiento intenso y agudo que la jurisprudencia internacional entiende que constituye el delito de "tormentos".