La titular del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados, Isabel Fernández Acevedo, convocó para hoy a una reunión de urgencia de este órgano luego de que la Justicia entendiera que no se puede cancelar la matrícula del represor Juan Daniel Amelong, entre algunas cuestiones, porque esta misma entidad no se expidió al respecto. "El fallo penal nos menciona", indicó la letrada quien prefirió no opinar sobre el tema ya que fue querellante en las causas que lo condenaron por delitos de lesa humanidad. Por su parte el presidente del Colegio Ignacio del Vecchio ya había adelantado que mañana se reuniría la nueva comisión directiva con la intención de unificar una postura. Por su parte el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde adelantó que, como parte querellante en los juicios donde fuera condenado Amelong, se presentará ante los tribunales solicitando se revoque la autorización conferida para que pueda ejercer la profesión de abogado. "Es lamentable que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario considere al ejercicio de la abogacía como una diplomatura técnica excluída de la ética", indicó el funcionario nacional. Para abogadas de organismos de derechos humanos "la cancelación preventiva de la matrícula es perfectamente posible".

La presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario confirmó que convocó a una reunión plenaria de urgencia. "El fallo penal que revoca la decisión del Colegio nos menciona y me gustaría que los abogados pudieran opinar", señaló.

El lunes se conoció que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, había dado por tierra la decisión del Colegio de Abogados de Rosario de impedir que Amelong desarrolle la profesión. La justicia consideró que el Tribunal de Etica del Colegio no se expidió y por otra parte, entendió que la condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad está a revisión de la Cámara de Casación.

En este contexto, Fernández entendió que es necesario que la entidad que integra se manifieste. Consultada acerca de su propia postura, apeló a la prudencia: "Me excusé de participar porque soy firmante de la querella (contra Amelong) y hace años que tengo militancia en Derechos Humanos", explicó.

Con respecto a la falta de pronunciamiento del Colegio, volvió a excusarse: "No quisiera dar una opinión al respecto porque comprometo a todos. Si emito una opinión anularía al Tribunal, cualquier opinión podría ser tachada de nula", ahondó. Aunque consideró que los profesionales "tenemos diferentes opiniones a la hora de sancionar a un colega".

Duhalde afirmó que con su resolución, "los camaristas dejaron de lado el fundamento ético de la profesión de abogado, que obliga a los profesionales a actuar en todas sus tareas como auxiliares de la justicia. Permitir que un genocida condenado por gravísimas violaciones a los derechos humanos ejerza como abogado es casi una burla para tantos y tantos profesionales que, por ser consecuentes con su deber ético, fueron víctimas del Estado terrorista", sostuvo.

En tanto el Equipo Jurídico de Familiares y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre compuesto por Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Daniela Asinari y Leticia Faccendini se expresó sobre el fallo: "No consideramos un tecnicismo la obligación de respetar la doble instancia, uno de los pilares del derecho de defensa, jamás sostendríamos tamaña afirmación, que se contrapondría con las posiciones históricas de los organismos de DDHH que representamos, siempre respetuosos del debido proceso, que es básicamente el derecho de defensa en juicio".

"Pero queremos afirmar -agregaron- que al margen de la decisión que debe tomar el Tribunal de Etica, la cancelación preventiva de la matrícula es perfectamente posible, recordemos que se detiene a diario a inocentes, sin condena, y se los cautela en las prisiones argentinas para asegurar los fines del proceso, cómo no cancelar preventivamente la matrícula de un represor condenado por tres jueces de Rosario y tres de Paraná aun cuando no esté firme la condena".