El Tribunal Oral Federal número 2 reanudó ayer las audiencias de la causa Díaz Bessone, tras la confirmación dada por los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Nación sobre la capacidad del principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, de comprender el juicio al que está siendo sometido. Fue una audiencia fructífera, que dejó el proceso a un paso del final. De hecho, sólo resta el derecho de los imputados a decir las últimas palabras y luego, la fecha del veredicto. Ayer, el defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, hizo un breve alegato, en el que eludió tratar cada una de las acusaciones por privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios calificados y asociación ilícita que pesan sobre su defendido contra 51 víctimas. Por el contrario, se amparó en un discurso político sustentado en la teoría de los dos demonios.

Miño subrayó su convicción de que "la suerte está echada", por eso prefirió adherir a los argumentos de los defensores de los otros acusados, los policías José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara y el civil Ricardo Chomicki. En algunos casos, esos argumentos se amparaban en la obediencia debida y el control operacional de la policía de parte del Ejército, pero eso no fue un obstáculo para Miño, que repitió los argumentos del dictador Jorge Rafael Videla, al afirmar que los procesos penales en marcha son "políticos", y que "sin la presión del Consejo de la Magistratura y sin órdenes presidenciales estos juicios hubieran sido otra cosa". Cuando el abogado terminó su alegato, se escucharon algunos abucheos del público y el presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, los paró con una frase que pareció dirigida también a Miño: "Este Tribunal va a defender a ultranza el derecho de las partes".

Desde octubre pasado, Miño despliega una estrategia defensista para dilatar el proceso, que incluyó la dispensa de alegar en más de una oportunidad porque, según arguyó, la salud de su defendido le impedía darle órdenes para estructurar una defensa. El Tribunal llegó a apercibirlo para haga su exposición, pero Miño se amparó en cuestiones de salud.

Sin embargo, el lunes el Tribunal Oral, que completan Beatriz Baravani de Caballero y Otmar Paulucci interrogó a los peritos oficiales. Los integrantes del Cuerpo Médico Forense afirmaron que Díaz Bessone estaba en condiciones de seguir siendo sometido a juicio, aunque no pueda permanecer en la sala de audiencias, por eso lo sigue desde su casa. Justamente, Venegas Echagüe adelantó que hoy el Tribunal determinará la forma en que Díaz Bessone pueda ejercer su derecho a la última palabra.

Lo que siguió fueron una serie de pasos formales del proceso: la respuesta a los pedidos de nulidades de los defensores de los represores por parte del fiscal Gonzalo Stara y las querellas, las réplicas a los alegatos y las dúplicas de los defensores.

Entre las nulidades más técnicas, que respondió Stara basado en jurisprudencia, hubo una discusión de auténtico interés público y masivo: la respuesta del Ministerio Público Fiscal al pedido de Gritzko Gadea para que su defendido, José Rubén Lofiego, acusado de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, continúe sin cumplir prisión efectiva más allá del veredicto, al considerar que la sentencia no estará firme hasta que se expida la Cámara de Casación Penal. "El Tribunal sí tiene competencias para ordenar la inmediata detención al momento de dictar sentencia", expresó Stara.

Otro punto "novedoso" de réplica estuvo a cargo de Daniela Asinari, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Asinari respondió al defensor Nicolás Foppiani, quien había relativizado los testimonios de las víctimas sobrevivientes como "falsos recuerdos y percepciones creadas" en contacto con otras víctimas y los organismos de derechos humanos. Asinari afirmó: "A los sobrevivientes les debemos la posibilidad de conocer la dinámica del genocidio y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención", mientras que los organismos de derechos humanos, con su permanente lucha contra la impunidad, merecen el "reconocimiento internacional". Foppiani se limitó a decir que su defensa "respetó el carácter de víctima de los testigos y no incurrió en victimización".

A la salida de la audiencia, el clima era de satisfacción y hasta cierta incredulidad: la causa que se inició bajo el nombre de Feced en enero de 1984, por la que tanto bregaron víctimas y familiares durante 28 años, por cuya instancia oral pasaron más de 100 testigos desde el 10 de julio de 2010, en la que se investigan delitos de lesa humanidad contra 91 víctimas, que tiene entre los imputados a importantes integrantes de la patota del ex interventor de la policía rosarina Agustín Feced está llegando a su fin, justo en el mes que se cumplen 36 años del golpe del 24 de marzo.