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Los familiares de las víctimas del triple crimen de villa Moreno marcharon ayer hasta Tribunales, acompañados por compañeros de militancia de sus hijos asesinados, y entrevistaron al juez de la causa, Juan Andrés Donnola, y a la fiscal Nora Marull, quienes revelaron un debate en torno a la elevación a juicio de la masacre de la que el lunes se cumplieron cuatro meses. El magistrado considera suficientes las pruebas colectadas, pero la representante del Ministerio Público pide más tiempo, hasta que finalice el peritaje sobre las llamadas telefónicas que cruzaron cuatro de los cinco imputados directos en la matanza. La Comisión Investigadora Independiente de este caso también solicitó que la pesquisa continúe para avanzar sobre los indicios que emergen sobre complicidades entre los presuntos asesinos y algunos policías.

Lita Gómez, madre de Claudio Suárez --uno de los tres jóvenes ultimados en Dorrego al 3800-- manifestó que ayer en Tribunales se retiraron conformes por los resultados obtenidos durante la instrucción. Y cifró expectativas para que Donnola decida, así como lo hizo con el principal acusado, Sergio El Quemado Rodríguez, procesar a los jóvenes que fueron detenidos sucesivamente: Alejandro Teletubi Delgado, Brian Pescadito Spiro, Brian Damiancito Romero, y Mauricio Palavecino.

Norberto Olivares, abogado de los querellantes, reveló que el juez quiere cerrar la instrucción este mismo mes, lo que implicaría que la causa llegue a juicio oral con sus acusados en prisión preventiva. Si la investigación preliminar excede los ocho meses, estos podrían solicitar su excarcelación.

La fiscal Marull, en cambio, quiere cerrar el análisis de llamadas teléfonicas antes de concluir la pesquisa. Considera que los celulares de los cuatro jóvenes involucrados encierran pruebas de peso para fortalecer la acusación. En tanto, la comisión legislativa que sigue de cerca la investigación pidió que se profundicen las averiguaciones sobre la pista policial. Aquí están imputados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público el comisario inspector Eduardo Carrillo y su secretario, el sargento Centurión.