El juez federal Marcelo Bailaque le ordenó al Arzobispado de Rosario que entregue toda la documentación que date de la última dictadura militar. A pedido de la abogada Gabriela Durruty que formalizó este pedido en nombre de su patrocinada Elida Luna, el magistrado federal le indicó a la máxima autoridad de la Iglesia local que "remita toda la documentación que podría encontrarse en los registros o archivos de esa institución, o de otras sedes eclesiásticas que correspondan a ésta, vinculada a datos o informes relativos a hechos ocurridos durante el último gobierno de facto en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos". Uno de los objetivos finales es impulsar la profundización de la investigación en relación a la responsabilidad que le cabe al ex capellán policial durante la última dictadura Eugenio Zitelli.

El 29 de mayo Gabriela Durruty, apoderada de Elida del Carmen Luna, en su doble carácter de presidenta de Familiares Rosario, y querellante en la causa Feced, interpuso un escrito por ante el juzgado federal 4, donde le solicitó a Bailaque que, "acorde el contexto histórico que ubica claramente el rol de las jerarquías eclesiásticas junto a los usurpadores del poder estatal en Argentina, y considerando que se encuentra probada la existencia de archivos en poder de la iglesia católica, dado que en Rosario la investigación judicial de esta responsabilidad se encuentra en sus albores, es que solicitamos que oficie al Arzobispado rosarino a fin de que se acompañe toda la documentación que tengan sobre la represión ilegal en Rosario durante la última dictadura militar".

En ese mismo escrito Durruty explicó las razones del pedido:

"Integramos Familiares Rosario desde su fundación en 1977. En tal carácter recepcionamos declaraciones de sobrevivientes de centros clandestinos de detención de nuestra región y sus familiares, confeccionando los legajos que luego se convirtieron en prueba de la causa, incorporados desde sus inicios por enero de 1984" indicó la letrada.

"Ese amplio conocimiento de la mecánica del genocidio en nuestra región, dado a partir de años de colección de testimonios, sumado a la prueba producida en la reciente audiencia oral Díaz Bessone, donde también se incorporaron las declaraciones que mencionamos, nos permitieron afirmar desde siempre que la Iglesia argentina brindó a las cúpulas genocidas un apoyo como institución, garantizado por sus jerarquías, que no dudaron en mirar para un costado ante el dolor de los familiares que se acercaban. Es la misma Iglesia -agregó Durruty- que colaboró activamente con la represión a través de sus capellanías, tanto castrenses como policiales, y que brindó su apoyo asimismo mediante las declaraciones públicas de sus dirigentes y sus documentos oficiales".

En la misma línea de razonamiento, el escrito presentado ante Bailaque recuerda que "el 24 de marzo se produjo el golpe de estado. La noche previa Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera se reunieron con las cabezas del Episcopado en la sede del mismo, Paraguay 1867 de la Capital Federal. El mismo 24 de marzo los tres integrantes de la junta militar mantuvieron una larga sesión con el vicario castrense, según informa el diario La Nación del día siguiente. Al salir de esa entrevista Tortolo expresó que si bien 'la Iglesia tiene su misión específica...hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar aun cuando se trate de problemas que hacen el orden específico del Estado'. Instó a 'cooperar positivamente' con el nuevo gobierno. Vale decir, la participación de la iglesia en el estado terrorista está confesa" argumenta la presentación de la letrada patrocinante de Pety Luna.

Segun manifestaron Durruty y Luna "siempre supimos que la iglesia, como es usanza de la institución desde hace dos milenios, guardaba archivos de lo ocurrido, específicamente del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal y clandestina de personas llevado a cabo por la dictadura".

Otra prueba de esta afirmación aparece en la nota de Horacio Verbitsky publicada en el diario Página/12 del domingo 6 de mayo de 2012 donde pueden verse parte de los archivos eclesiásticos, donde se refleja claramente el conocimiento que las autoridades de la iglesia tenían de la existencia de los desaparecidos, de boca de los desaparecedores. "Este documento fue reconocido por las actuales autoridades de la iglesia. La nota refiere a Jorge Rafael Videla, (procesado en autos), debiendo recordarse que el capellán de Feced se encuentra también procesado en estos actuados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y por pertenecer a una asociación ilícita" argumentó.

Según Durruty "el objetivo final es impulsar la profundización de la investigación en relación a la responsabilidad que le cabe al procesado Eugenio Zitelli. Recordemos que en su oportunidad, remitimos al Arzobispado rosarino una nota solicitando explicaciones dado que el párroco de la catedral se había solidarizado con la situación del encartado desde el púlpito mismo, las autoridades eclesiásticas nos respondieron manifestando 'En cuanto a la situación procesal del sacerdote monseñor Zitelli, este arzobispado respondió en varias ocasiones a los requerimientos de la justicia y está a su disposición en lo que corresponda. Asimismo atento los preceptos constitucionales que rigen un procedimiento penal, elevan una oración a Dios, fuente de toda razón y justicia para que brille la verdad'".

Cabe recordar además que durante el juicio Diaz Bessone, se sucedieron numerosos testimonios que dan cuenta del rol que cumplió la iglesia durante la dictadura, como es el caso de Francisco y María Inés Oyarzábal, hermanos de José Oyarzábal, y Marcelo Márquez, hermano de Cristina, masacrados en Los Surgentes, quienes dieron cuenta del rol que el Padre García cumplió en la época de los hechos, por ejemplo al indicarles a las familia que "agregaran un plato para la Navidad porque sus familiares se presentarían a cenar".

Quien está convencida que la Iglesia tiene mucha documental para mostrar es Elida Luna: "Seguro registró datos del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal, estos datos eran elevados por los vicariatos a cada obispado según jurisdicción, y desde cada obispo a la conferencia episcopal, quienes resguardan una copia, y otra se envió siempre a la sede del Vaticano a una oficina específicamente creada. El Vaticano guarda detalles del destino de nuestros familiares durante la dictadura eclesiástica﷓cívico﷓militar".