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El titular de la Cámara de Aeroaplicadores de Santa Fe Orlando Martínez aseguró ayer en Rosario que "con la fumigación aérea no creo que generemos más contaminación que la que produce el colectivo que pasa por la calle. Es más el 12 de junio la Organización Mundial de la Salud

ha puesto en el grupo uno de los inductores de cáncer de pulmón a los gases tóxicos que emanan de los motores de combustión interna que funcionan a gasoil".

Por si fuera poco el también titular de la Federación Argentina de Cámara de Agroapalicadores se quejó porque "se nos asocia con los productos (agroquímicos) y no tenemos nada que ver con estos, nosotros solo somos una forma de aplicación en un sistema de producción es decir que estamos dentro del esquema productivo nacional y no tenemos otra culpa".

Para remarcar la idea Martínez, que fue uno de los testigos de la defensa en el primer juicio contra productores sojeros y fumigadores en Córdoba en el barrio Ituzaingó, aseguro que "el rociado o pulverización con herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares o cebos tóxicos, conocido vulgarmente como fumigación, puede realizarse de manera segura y eficiente, sin causar ningún tipo de daño a la población. Primero, porque las cantidades y niveles de utilización son muy bajos, y segundo porque está comprobado que con las condiciones climáticas indicadas, el trabajo puede hacerse sin ningún tipo de error ni deriva",

El que salió al cruce fue Carlos Manessi, titular del Cepronat, y vocero de la campaña Paren de Fumigarnos, "es increíble que todavía hoy se hagan este tipo de comentarios. La fumigación aérea está prohibida en Europa desde el 2009. El año pasado un equipo de investigación del Conicet de Córdoba monitoreó el aire a la Antartida y encontró endosulfán, uno de los productos más peligrosos. Y ahora ellos dicen que no hay deriva. Que desmientan esta investigación" apuntó el ambientalista.

Consultado sobre los dichos de Martínez quien argumentó que sólo fumigan lo que les colocan en sus tanques, Manessi opinó que "son todos responsables de lo que ocurre: desde el ingeniero agrónomo que firma la receta, el productor que compra los productos, y los aeroaplicadores que lo fumigan. Hay responsabilidad compartida, porque no pueden echar sobre la cabeza de la gente lo que no conocen. Pero hay algo más grave: en el noventa por ciento de los casos no hay recetas agronómicas. Y la verdad es que nadie sabe lo que echan en los tanques, porque nadie los controla. Otra de las situaciones es que presentan una receta y después se hace con otros productos, porque nadie controla".

El que debería controlarlo es el propio estado ya sea a través de los municipios o la provincia desde la Dirección de Sanidad Vegetal, que tiene cuatro inspectores en toda la provincia".