Dos meses después del pedido formal del Juzgado Federal número 4, a cargo de Marcelo Bailaque, para que la Iglesia rosarina remita "toda la documentación que se encuentre en su poder sobre la represión ilegal en Rosario durante la última dictadura", la institución no respondió. Es por ello que la abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario, Gabriela Durruty, solicitó que se reitere la solicitud, con un término de 48 horas para responder "bajo apercibimiento de incumplir una orden judicial, acorde lo previsto en el artículo 239 y concordantes del Código Penal".

Ese artículo indica que "será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". El pedido de Durruty se funda en la presentación que realizó el 29 de mayo la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario, Elida del Carmen Luna, para solicitarle al juez Marcelo Bailaque que haga el pedido al Arzobispado Rosarino.

El oficio con la orden de Bailaque fue cursado el 6 de junio. "Transcurrido más de un mes, la iglesia mantuvo el silencio que la caracterizara durante el genocidio y en los años posteriores, pero esta vez, desoyendo una orden judicial", indicó Durruty. La profesional recordó que "como cualquier ciudadano, las autoridades de la iglesia deben obedecer las órdenes de los magistrados".

El objetivo del pedido es "obtener la mayor cantidad de datos acerca del destino de las víctimas del terrorismo de estado". Durruty subrayó que "la participación de la Iglesia en la implementación del plan clandestino de represión ilegal se encuentra probada por las declaraciones de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas".

Al mismo tiempo, "estas declaraciones se corroboran con los recientemente conocidos dichos de Jorge Rafael Videla, también procesado en la causa Feced". El ex dictador agregó "datos espeluznantes, cuya veracidad puede ser constatada al compararla con los testimonios de las víctimas: en numerosos casos la suerte de los detenidos desaparecidos era transmitida a sus familias por representantes de la iglesia, especialmente sus capellanes".

Durruty consideró probado "que la información que las máximas autoridades de la iglesia poseían desde el momento de los hechos se nutría de la información que los capellanes recogían directamente de los centros clandestinos de detención, o en su caso, de las confesiones de los torturadores".

En la región, resalta el caso de Eugenio Zitelli, procesado por privaciones ilegítimas de la libertad y asociación ilícita, que brindó información a las familias. Especialmente, con Mónica Catoni, detenida en el ex Servicio de Informaciones, el entonces capellán de la policía informó a su madre su ubicación y que estaba con vida. Incluso, le detalló que vestía una pollera roja. "El paralelismo entre los hechos imputados a Zitelli y los que se endilgan al propio Pío Laghi, ex nuncio apostólico provoca escalofríos", apuntó Durruty.

Para la profesional, "la Iglesia está en deuda con la democracia, esperemos que en los días inmediatos a la finalización de la feria judicial contemos con todos los datos que la institución acopió durante la última dictadura en una actitud acorde con los tiempos que corren y con el cambio de época".