El gobernador Antonio Bonfatti envió a la Legislatura provincial

23 pliegos de fiscales y defensores titulares, candidatos que ya ganaron un concurso de antecedentes y oposición para integrar las nuevas instituciones de la justicia penal. Sin embargo hay un nombre, entre los defensores, que ya levantaron polémica: se trata del abogado Fernando Sirio quien fuera abogado defensor del militar Luciano Adolfo Jáuregui cuando fue investigado por la comisión de delitos de Lesa Humanidad cuando ocupó el cargo de Segundo Comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. "Sirio patrocinó a Jáuregui y realizó una defensa política de los hechos investigados y aquí radica la gravedad de la situación", apuntó el Defensor General Gabriel Ganon, quien recordó un artículo de este diario.

Según Ganon "no es ocioso recordar que tras la nueva redacción del Artículo 36 en la Constitución Nacional por la Reforma de 1994 y la constitucionalización de varios tratados de derechos humanos, se entendió que inhabilitar para cargos públicos a quienes no demuestren un real y acabado compromiso con el Estado Democrático y la vigencia de los Derecho Humanos, es una forma de fortalecer la República y la Democracia". "Partiendo de esta misma premisa, se debe entender como una defensa del Estado de Derecho, que no se ocupen cargos públicos con personas que, más allá de la idoneidad técnica, han avalado y defendido políticamente con sus actos y manifestaciones a los perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos, aunque no hayan desempeñado un rol estatal", dijo Ganon.

"Dado que corresponde al ejercicio de mi función poner de resalto el estándar ético que deben alcanzar quienes forman parte de este Servicio, hago conocer estos hechos a los fines que sean puestos en consideración al momento de remitir los pliegos a la Legislatura provincial", le escribió Ganon al ministro de Justicia Juan Lewis.

El defensor general recordó "el contenido del escrito firmado y presentado por el abogado Sirio en que hace referencias concretas a la 'lucha antisubversiva' y 'bando terrorista', se ampara en el Decreto del PEN Nº 261 (cuyo art.10 ordena la "aniquilación" de la subversión) y la directiva del Comando de Ejército Nº 404/75 (que ordena "Aniquilar en sus jurisdicciones los elementos residuales de las organizaciones subversivas") y como corolario endilga "malévolas intenciones" a los "sospechosos" testigos (víctimas de secuestros y torturas durante la última dictadura militar)".

Ganon sumó ademas un artículo de Rosario/12, escrito por la periodista Alicia Simeoni en 2004, "diario al que declaró que 'es colaborador del caso por la amistad que lo une con José Francisco Jáuregui, el hijo del ex comandante" y explicó que se presentó un legajo importante con el que demuestra que su defendido no tenía ninguna actividad en la "lucha contra la subversión".