La intendenta Mónica Fein recibió ayer a organizaciones que trabajan en temas de género, tras el femicidio de Sofía Bertolini, ocurrido el sábado pasado a la madrugada, en Grandoli y Gutiérrez y con el antecedente de la declaración de emergencia por violencia de género aprobada el 14 de septiembre pasado por el Concejo municipal. De la reunión participó la Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones que no la integran, y allí escucharon de boca de la propia intendenta que a partir del 12 de octubre, el teléfono verde para asistir a las víctimas de violencia (0800 444 0420) atenderá las 24 horas, derivada a la Guardia Urbana Municipal de 19 a 10. Fein comunicó a las asistentes que la Municipalidad destina la mitad de su presupuesto a gasto social, y en esa situación, las partidas para la emergencia deberán salir a buscarse. Durante más de dos horas, las mujeres plantearon problemas puntuales como la mala recepción de las denuncias de las víctimas en las comisarías y el reclamo de mayor cantidad de refugios.

"Tenemos la esperanza de que esta reunión sea el comienzo de una articulación verdadera", expresó Liliana Leyes, de la Multisectorial, cuando salió de la reunión. La Municipalidad realizará una nueva convocatoria dentro de 15 días para establecer una mesa de trabajo entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil.

Al comienzo del encuentro, Fein había subrayado la voluntad de acción de la Intendencia. "En una sociedad desigual, las mujeres sufrimos más", les dijo Fein a las presentes, antes de destacar: "No queremos una declaración y nada más. Queremos cambiar la vida de las mujeres".

El punto más álgido de la discusión fue el necesario refuerzo presupuestario para afrontar la emergencia. "Nos dijeron que el presupuesto debe pedirse a la Nación", apuntó Cristina Corradi, también de la Multisectorial.

Uno de los pedidos más acuciantes tuvo que ver con la atención en las comisarías, el lugar al que naturalmente las víctimas de violencia machista recurren para pedir ayuda. La necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad fue un punto de consenso, así como las dificultades en el acceso a la justicia. "Es necesario articular entre las políticas públicas y nosotras, que estamos diariamente en el territorio, en contacto con la situación que viven las mujeres", subrayó Leyes.

"El balance es positivo porque este era un espacio que necesitábamos crear, una mesa de trabajo con una agenda que estuvimos discutiendo. Es un espacio que inauguramos", subrayó la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Andrea Travaini, que impulsó la reunión. Durante el encuentro, cada una de las asistentes --de organizaciones tan disímiles como Barrios de Pie, Mumalá, Voces en Rebeldía, Socialismo Libertario, Amas de casa, el Frente Popular Darío Santillán, Las Safinas, Desde el Pie, CTA y ATE-- contó las dificultades en su territorio. Ofelia Medina, de la comunidad qom, pidió la extensión del horario de atención, así como la incorporación de intérpretes de la lengua originaria para evitar las barreras linguísticas. El reclamo generalizado fue una escucha especializada en los lugares de recepción de denuncias y recursos para asistir con rapidez a las víctimas. "Las mujeres hacen la denuncia, pero después tienen que volver a su casa, mientras se dicta la exclusión de hogar, y en ese tiempo, ellos las matan", graficó Claudia, de Barrios de Pie.

Al salir de la reunión, Leyes reconoció la "historicidad" puesta de manifiesto por las funcionarias municipales al detallar las acciones en violencia de género. "Eso es real pero también lo es que en esta realidad social emergente no alcanza", dijo la activista.