"La Salud Mental en Argentina: Avances, tensiones y desafíos" es el título de una publicación realizada por investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El trabajo estuvo coordinado por Sandra Gerlero y Cecilia Ausburguer, docentes de la Facultad de Psicología y del Instituto Juan Lazarte donde trabajan la UNR, la Asociación Médica de Rosario y la Municipaliad de Rosario. "Al venir trabajando desde hace varios años en esa temática, identificamos que el área de salud mental era un área de vacancia en términos de investigación, y definimos que había que hacer un diagnóstico de cómo estaban las políticas de salud mental en el país, previa a la sanción de la Ley de Salud Mental en el 2010", explicó Ausburguer. "La intención de la investigación, más allá de poder establecer un diagnóstico de situación, era poder generar una instancia de debate al interior de cada una de las áreas donde se desarrolló el estudio", agregó Gerlero. En este marco, las investigadoras revelaron que el 80 por ciento de los centros de atención primaria de Rosario poseen estrategias para recibir a los pacientes con problemas de salud mental (ver aparte).

El objetivo de la investigación, realizado con el apoyo de una beca otorgada por la Comisión Nacional Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación, fue el de construir un diagnóstico evaluativo durante el 2007 ordenado a describir y comprender las políticas, planes y servicios que brindan cuidados en salud mental en seis jurisdicciones nacionales -Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Juan y Santa Fe- que ya contaban con legislación reglamentada.

Los objetivos específicos que se plantearon los investigadores fueron analizar la legislación vigente y las políticas implementadas en las seis jurisdicciones seleccionadas; describir y caracterizar el conjunto de instituciones, servicios y respuestas sociales organizadas que brindan ciudados en salud mental, y elaborar el perfil epidemiológico de los usuarios de las distintas modalidades de atención en salud mental.

Una vez que el proyecto fue acreditado, recibieron un subsidio que le permitió componer un equipo para dedicarse al desarrollo de la investigación en las seis jurisdicciones donde existía legislación específica. "Al tener establecidas leyes de cuidado de regulación de las políticas de salud mental había cierta sensibilización sobre la temática, por lo que decidimos formar un equipo de caracter interdisciplinario conformado por psicólogos, médicos y sociológos que tuvieran pertenencia e inclusión en ámbitos académicos o a nivel ministeriales de salud vinculados a la salud mental", abundó Gerlero.

Respecto al análisis de las legislaciones provinciales, la investigación apuntó a revelar las cuestiones contempladas. "No es lo mismo una ley que regula la internación en los hospitales monovalentes, que está pensada para proteger los abusos en las internaciones, que una ley que promueve la salud mental, por tal motivo analizamos la legislación en términos de protección de derechos", planteó Ausburguer. El segundo eje fue el análisis de las políticas para conocer si existía una entidad regulatoria y cómo estaban incorporadas esas políticas en el diseño de las políticas de salud en general. Según Gerlero, "el objetivo era conocer cómo esas políticas generaban planes o programas específicos en salud mental, y en relación a eso cómo esos planes se implementaban a nivel de los servicios de salud o los distintos tipos de dispositivos institucionales vinculados al ciudado de la salud mental".

El otro punto, para las investigadoras "el más logrado" en términos de mostrar con claridad el estado de situación a nivel nacional, fue el de la situación epidemiológica de las problemáticas de salud mental de mayor relevancia. "Un elemento que necesita ser mejorado es la especificación de políticas claras, consensuadas y documentadas en términos de la acción sobre los problemas de salud mental. Es habitual que en las provincias, a excepción de Río Negro, no tuvieran una direccionalidad política específica y de conocimiento público para resolver la problematica; hay una demora en el desarrollo de la producción de información epidemiológica", destacó Ausburguer.

"Tampoco estaba establecido un diagnóstico de cuál es el punto de partida, qué conocimiento tenemos para que las políticas avancen sobre ese estado de situación. Cuando trabajamos, lo hacemos con documentos existentes y con entrevistas; en esa lógica de esa doble fuente de información, no están precisadas las estructuras con las que se cuenta, con qué recursos, qué necesita la población, esto no está presentado de manera sistemática para que las políticas acompañen este diagnóstico", agregó la investigadora.

Para Gerlero, la sanción de la ley nacional de Salud Mental, y a pesar que algunos artículos no han sido reglamentadas, marca un punto de inflexión porque se basa en una ley de Derechos Humanos. En ese sentido, la investigadora destacó que la ley abre "un abanico de modalidades de cuidado y la necesidad de poner cierta ruptura en la coexistencia de distintas modalidades de servicio, justamente para poder limitar los procesos de estas instituciones totales como pueden ser los hospitales monovalentes".

Finalmente, las investigadoras de la UNR destacaron que la provincia de Río Negro, que tuvo la primera ley de salud mental, presenta una situación diferencial con el resto de las provincias, al avanzar en un proceso de transformación, prohibiendo la instalación de manicomios y cerrando los que ya existían, mientras que en las otras juridiscciones se habla de reconversiones, que en muchos casos no se han producido y tampoco se fijaron plazos.