El fiscal Carlos Covani indicó ayer que fueron 56 los embargos que se realizaron desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 17 sobre las cuentas de otros juzgados en el Banco Municipal, por la suma de un millón cincuenta mil pesos. De ese dinero, se pagaba a tres abogados y un martillero. El funcionario judicial indicó que lo que se está investigando es si el dinero estaba bien embargado, y a su vez, si estaba bien pagado a los profesionales. Además señaló que la semana pasada la entidad bancaria, que a fines de octubre denunció las maniobras presuntamente ilícitas, informó que se devolvieron 548 mil pesos a esas cuentas, y que los depósitos los realizaron, aparentemente, dos de los letrados involucrados. Si bien el fiscal pidió seis indagatorias, hasta ayer no habían sido ordenadas por la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, quien investiga la presunta corrupción económica, que motivó la suspensión preventiva del juez Alejandro Martín y su secretario Ricardo Lavaca.

Los manejos "poco claros" fueron realizados entre mediados de 2010 y septiembre de este año; por lo que ayer la investigación estaba centrada en la revisión de los protocolos de los últimos dos años del juzgado de Martín. Además, durante el allanamiento realizado el miércoles por la noche, en la planta baja de los Tribunales, se secuestró un pagaré, por la suma de 50 mil pesos, que fue fundante de una de las cinco causas del Civil y Comercial 17º que absorbieron fondos de otros juzgados, en 56 oportunidades.

Las maniobras que llamaron la atención de las autoridades del Banco Municipal, y que derivó en la denuncia, tenían que ver con que un juzgado le sacara plata a otro, porque se trataba de cuentas "inmovilizadas" con dinero proveniente de, por ejemplo, juicios por cobro de pesos o remates, entre otros.

Covani detalló ayer el mecanismo de la maniobra: "El Banco Municipal denunció que detectó irregularidades en el manejo del juzgado Civil y Comercial 17º de fondos que correspondían, vía embargos, a otros tribunales", del fuero Civil y de Ejecución, y "en relación a otras causas". Desde el Juzgado cuestionado "se embargaban fondos que correspondían a expedientes de otros juzgados. Se traían esos fondos, pero los expedientes quedaban en el juzgado de origen. Los fondos llegaban a una cuenta que se creaba para el Civil y Comercial 17. Esos fondos eran entregados mediante órdenes de pagos otorgadas por el Juzgado investigado a tres abogados y un martillero".

En la acusación, figuran más de un millón de pesos abonados; pero la semana pasada el Banco informó que se habían devuelto casi 550 mil pesos. "No sé cuál es el motivo de la devolución de la mitad del dinero pagado, pero sí sabemos quién hizo el depositó", dijo.

Las maniobras comenzaron en la época que se inició la transferencia de depósitos judiciales del Banco de Santa Fe al Municipal, por lo que una fuente cercana a la investigación deslizó que no se descarta la posibilidad de que haya existido una conexión para tener acceso a los datos sobre las cuentas.

Por su parte, el presidente del Banco Municipal, Eduardo Ripari, dijo a LT8 que "el juez es el único autorizado a utilizar las cuentas". Al mismo tiempo indicó que "los movimientos eran hechos de forma técnicamente correcta, a lo que no había nada que objetar, simplemente era una observación subjetiva. Había algunos indicios de que había algo que no era habitual, por lo tanto se hizo una presentación informativa, después la Corte actuó según las formas judiciales".