Ante la proximidad del proceso oral y público en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, repudiaron "que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre cualquier tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas".

Las organizaciones que integran Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial, subrayaron que "por su parcialidad manifiesta, la magistrada no está en condiciones de enjuiciar a los militares y represores que han sido subalternos de su amigo genocida".

Además, recordaron: "Hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced".

El comunicado del Espacio rememoró que "en esa oportunidad, la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorismo de Estado que la misma les hacía en esa época". El colectivo manifestó: "No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri".

Por esos días, el Espacio denunció "la operación que montó la jueza de la mano de los represores acusados en el juicio Díaz Bessone, ya condenados por graves delitos de lesa humanidad, quienes la propusieron como testigo, para menoscabar la palabra de los sobrevivientes". También denunciaron entonces, y recordaron ayer, "el acto intimidatorio y de amedrentamiento pergeñado por la magistrada, quien preparó el terreno deliberadamente".

Cosidoy es recordada por decenas de testigos como una abogada oficial que "maltrataba a sus familiares, que no tomaba en serio las tremendas denuncias que estos le realizaban, y que incluso les decía a los entonces presos políticos que debían colaborar con las autoridades de la dictadura y confesar lo que estas consideraban crímenes".

En su momento, el Espacio Verdad y Justicia logró, junto a los integrantes de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, que la jueza Cosidoy fuera apartada del Tribunal Oral Federal número 1 que intervendrá en el próximo juicio contra Manuel Fernando Saint Amant. "Hoy, volvemos a reclamar lo mismo frente al juicio anunciado para el próximo 12 de diciembre, en el que serán juzgados el Capitán Osvaldo Cervera, el Coronel Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez".

El Espacio también repudió "la forma en que fue elevado a juicio oral este expediente, separándolo del resto de los hechos de represión de la zona, por una sola víctima, el compañero Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado del cordón industrial". Para el colectivo, "la decisión es un claro beneficio para los genocidas, no solo en detrimento del resto de los sobrevivientes, sino en detrimento del mismo Manuel Casado, que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los hechos sufridos dentro del plan sistemático, sino que será reducido a un hecho aislado".