El juez federal Marcelo Bailaque --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--tomó esta semana declaración indgatoria a 12 represores miembros de la Patota de Feced, a quienes imputó por delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino del Servicio de Informaciones que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo. A la indagatoria prestada por el ex capellán Eugeno Zitelli --que Rosario/12 dió a conocer esta misma semana-- se sumó la de Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Mario "el Cura" Marcote, Carlos "Caramelo" Altamirano, Diego Portillo, Ricardo Enrique Corrales, Ramón Vergara, Ramon Telmo Alcides Ibarra, Daniel González, Julio César "Ronco" Nast y Marcelo "el Vasco" Olazagoitía. Se imputaron hechos de privación legítima de la libertad agravada mediando violencia y amenazas, y en algunos casos la comisión del delito de tormentos agravados y el delito de homicidio.

También se dictaron dos resoluciones: el procesamiento de Héctor Gianola y el sobreseimiento de Nilda Folch, alias la Polaca, quien fuera pareja del también exculpado Ricardo Chomicki, ambos ex detenidos que pasaron por el SI y que tuvieron roles de colaboradores más que activos con sus captores (ver aparte).

La docena de indagatorias concretadas esta misma semana se cimentan en la serie de testimonales brindadas en el juicio a Díaz Bessone y la gran cantidad de sobrevivientes que declararon en los dos últimos años en la causa aún en instrucción. Por eso, el fiscal Stara solicitó al juez Bailaque la realización de nuevas imputaciones. Como respuesta a esos pedidos, el magistrado ordenó una serie de declaraciones indagatorias que se fueron celebrando a lo largo de la semana.

Las imputaciones

*El caso de Daniel Gorosito, por cuyos delitos se imputó a Vallejo y Portillo.

*Por el caso de los integrantes de la comisión directiva de la biblioteca popular Constancio Vigil se imputó a Ibarra, Marcote y Corrales.

*Los casos de la Masacre de Los Surgentes fueron imputados como un único hecho a Vallejo, Ibarra, Vergara e Ibarra, Fermoselle y Marcote, luego de años de imputarse por separado, impidiendo la reconstrucción histórica de los delitos de los que resultaran víctimas José Oyarzábal, Sergio Jalil, Daniel Barjacoba, María Cristina Márquez, Cristina Costanzo Ana Lía Murgiondo y Daniel Laus.

*También se imputó por los tormentos de Adriana Beade a Portillo.

*Por los homicidios de Analía y Mario Urquizu (dos jóvenes pampeanos militantes de Montoneros asesinados en enero de 1977) y Daniel Roche se imputó a Vergara, Vallejo, Corrales y Altamirano.

*Por Osvaldo Vermeullen a Vallejo, Nast y González.

*Por María Sol Pérez Losada de Ameri a Dougour, Portillo, Marcote, Altamirano y Daniel González.

*Por la Masacre de Ibarlucea, como se conoce al fraguado intento de copamiento de la comisaría de ibarlucea se imputó a Corrales. En este caso se masacró entre otros a Nora Larrosa, Daniel Mellili y Rodolfo Segarra, procedimiento llevado adelante por el propio Agustín Feced.

Un cacerolero ronco

En relación a la conducta adoptada por los represores al momento de ser indagados, nadie contestó preguntas, pero en el caso de Julio Cesar "Ronco" Nast realizó algunas manifestaciones citando al co-imputado Calos Ulpiano Altamirano. Dijo que "el fiscal Stara comete persecución religiosa en perjuicio de Zitelli". Manifestó también que el fiscal fue designado en su función por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi, perteneciente a la organización terrorista montoneros, por lo cual no iba a declarar.

No conforme con esto, Nast señaló que "los días 13 de setiembre y 8 de noviembre 4 millones de personas salieron a la calle tañendo cacerolas e hicieron reverberar a lo largo y ancho del país la palabra libertad. Multitudes nunca antes vistas decidieron abnegar (sic) al silencio, la complicidad a la corrupción gubernamental".

Por si fuera poco, el represor acompañó "para colaborar con la averiguación de la verdad histórica" dos notas de El Informador Público, un medio ligado a servicios de inteligencia. En una, luce una nota titulada "Zafaroni involucrado en delitos de lesa humanidad" y en la otra, de fecha 12 de septiembre de 1974, "La juventud sindical se abocará a la identificación y captura de montoneros".

A su turno, Mario "el Cura" Marcote se autodeclaró "preso político" y dijo que no estaban dadas las condiciones para juzgarlo, al tiempo que aclaró que por sus creencias religiosas lo siguen llamando "El Cura".

Por su parte, Daniel "el Lagarto" González negó las imputaciones y manifestó: "No tuve nada que ver, con los detenidos tuve siempre buen trato".

Indagatorias no finalizadas

Algunas de las declaraciones aún deben realizarse. La declaración de Corrales, debido a la gran cantidad de prueba colectada en su contra continuará el próximo 10 de diciembre.

En tanto, las declaraciones de José Rubén Lofiego y Jorge Rafael Videla se tomarán el próximo martes en el Penal de Marcos Paz, donde se constituirán el juez Bailaque y el fiscal Stara.

En el caso de Scortechini, la declaración se suspendió porque el imputado adujo "razones de salud" que le impidieron presentarse en el tribunal por el momento. La misma fue reprogramada para los próximos días. En este último caso, la fiscalía acompañó un dictamen del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones que da cuenta de que el imputado se encuentra en condiciones de viajar a la ciudad de Buenos Aires, por tanto, el traslado al penal de Marcos Paz, sería inminente.