Esta vez, nadie pudo avisar a Sarmiento 1112. Una inspección municipal de rutina al Palacio Berlusconi acabó por ponerle el nombre real del negocio que allí funcionaba hasta la madrugada de ayer tras el legitimado eufemismo de whiskería: un prostíbulo, a todas luces y murmurado por quién sabe cuántos rosarinos que ayer en bares y oficinas tuvieron buen jugo para conversar. Cuando el jefe de Inspección descubrió a una pareja teniendo sexo, dispuso la clausura del local. Y tuvo que escapar con dos inspectoras, entre golpes y amenazas. Al rato, la madama y algunas alternadoras continuaron las agresiones en el bar donde los inspectores se habían refugiado. El dueño del Palacio apareció más tarde a pedirles disculpas, pero en la Municipalidad ya habían decidido radicar la denuncia penal por el ataque, además de ratificar la clausura del cabaret. Con esto cobró impulso el proyecto que tiene media sanción en Diputados para decretar en Santa Fe el cierre definitivo de los "prostíbulos y afines", como ya rige en Córdoba y Entre Ríos. Pese a las acciones públicas por combatir la explotación sexual, ayer una fuente de la prostitución VIP explicó: "Las chicas del Berlusca llegaron a levantarse entre 8 mil y 12 mil pesos al mes. ¿Dónde van a ganar eso?".

La Dirección de Inspección había visitado cuatro veces antes el local de Sarmiento casi San Juan, en el marco del trabajo que viene realizando el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), que ya ha certificado 80 contratos de locación de servicios con mujeres que trabajan en las --hasta el jueves-- siete whiskerías habilitadas en la ciudad. Este chequeo de la documentación que presenta el titular del cabaret con el DNI de las alternadoras apunta a prevenir y detectar casos de trata, y consiste en el prólogo de un proyecto de "construcción de los perfiles laborales de cada mujer, con el propósito de restaurar su empleabilidad", explicó Andrea Travaini, titular del IMM acerca de los talleres que comenzarán en marzo. A revisar eso habían ido antenoche el director Gregorio Ramírez y las inspectoras Nancy Aguilera y Sabrina Amirati. En El Palacio trabajaban entre 30 y 35 alternadoras, pero en el turno de antenoche había unas 14. La ordenanza 7218 delimita la curiosa definición de ese oficio: "Aquellas personas que desarrollan actividades de baile, canto y/o diálogo en contacto con los clientes, con el objeto de estimular el consumo dentro del local". Lo que vio Ramírez ayer estaba más allá de esos acompañamientos. Mucho más que los "arrumacos" que juró la irascible madama que llamó por la tarde a una radio para desmentir todo.

Desde arriba les abrieron porque supusieron la rutina. Pero Ramírez, según contó ayer, miró más de la cuenta y en un reservado sorprendió a una alternadora mientras le practicaba sexo oral a un parroquiano. "Pese a que esto se comentaba, esta vez sí pude constatar directamente y en persona que se violó la Ley 12.631 de profilaxis, que prohíbe el proxenetismo y los prostíbulos, y que infringieron la ordenanza 8667 que habilitaba a ese lugar como whiskería. Entonces sí dispuse la clausura", explicó el inspector al referir la prohibición que existe sobre la explotación de la prostitución de terceras personas. Entonces, comenzaron los problemas.

"Empezaron a gritar algunas de las mujeres, entre las atendientes (sic) y las alternadoras. Decían que las dejábamos sin trabajo, nos tiraban vasos, patadas, golpes de puño, y amenazaban con que pueden averiguar dónde vivimos. También había un grupo de hombres. Una llamaba a alguien como en clave, que viniera armado a sacarnos", contaron Aguilera y Amirati. Llamaron a la GUM como auxilio --también a la policía, que llegó mucho después, pese a que la seccional 2ª está a cuatro cuadras-- y huyeron hasta refugiarse en el bar Marbella, de Pellegrini y Corrientes. "Estábamos sentados cuando esas mujeres llegaron detrás y rompieron cuadros, tiraron mesas, nos golpearon, robaron un talonario de actas y la faja de clausura", relataron las inspectoras.

Luego de reunirse con la intendenta Mónica Fein y el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, Ramírez reveló que el Ejecutivo decidió denunciar por lesiones y amenazas al personal del local clausurado, y por violación a la ley de profilaxis a sus responsables. Luego de la agresión, llegó al Marbella Juan Cabrera, el dueño de la disco Willie Dixon y de La Rosa Sexy Bar al que todos apuntan como el propietario del Palacio Berlusconi, aunque en los papeles él no figure como tal. "Fue a pedirles disculpas a Ramírez y a las inspectoras", contó un testigo directo.

Circuito complicado. Ramírez defendió lo actuado y lo encuadró dentro del trabajo desplegado desde la conformación de la Mesa de Municipal contra la Trata con fines de explotación sexual de Mujeres, Niños y Niñas, y que integran el municipio, el Poder Judicial, el Concejo Municipal y la Secretaría de Derechos Humanos provincial. "En El Palacio de Berlusconi, a priori, no hablaría de trata. Es más complejo el asunto, y se trata de un circuito complicado de intereses", meditó el titular de Inspección Municipal. Es que fueron las propias alternadoras las que resistieron la clausura y reprocharon que las dejaban sin lugar de trabajo. Travaini distinguió el rol de las madamas, que son mujeres pero en funciones de ejercer violencia o sometimiento masculinizado sobre otras. Y sobre la actitud de las prostitutas, advirtió: "Es un trabajo que lleva tiempo a estas mujeres que han sido sometidas a distintas formas de violencia que las lleva a naturalizar su situación y a defenderla. Es un proceso complejo que deben atravesar hasta reconocer su vulnerabilidad. Pero no hay que perder de vista que las verdaderas víctimas en esta historia son estas mujeres que estaban trabajando en el prostíbulo El Palacio Berlusconi". También cabe observar que, según una conocedora de la prostitución VIP, las chicas que trabajaban allí ganaban entre 8 mil y 12 mil pesos mensuales.

Al margen de la denuncia penal, el futuro inmediato del famoso cabaret es una incógnita. Anoche se le apostó un móvil de la GUM para fiscalizar el mantenimiento de la clausura. Pero la decisión final está ahora en manos del Tribunal de Faltas Municipal, cuya máxima sanción a adoptar podría ser la quita definitiva de la habilitación.