La comisión de Gobierno del Concejo Municipal comenzará hoy a debatir el proyecto de la concejala María Eugenia Schmuck (UCR) que promueve el cierre de cabarets y whiskerías en la ciudad. La iniciativa de la edila radical, que fue presentada en agosto del año pasado, establece la derogación del artículo 9 de la ordenanza 7218 de espectáculos públicos que habilita la apertura de cabarets y whiskerías y establece un plazo para el cierre definitivo de los locales comprendidos dentro de esta categoría que se encuentran en funcionamiento. También propone que la Mesa municipal de trabajo contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que ayer se reunió, realice el seguimiento y evaluación de las acciones que devienen de la aplicación de la ordenanza propuesta. "Es contradictorio que el Estado sepa que allí se cometan delitos y los siga habilitando", indicó Schmuck en diálogo con Rosario/12. Para hoy además está prevista la participación en la comisión del director de Inspecciones del Municipio, Gregorio Ramirez, quien días pasados decidió la clausura del Palacio Berluscuni al descubrir a una pareja en el lugar teniendo sexo.

El proyecto de la concejala Schmuck prohíbe en toda la ciudad la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación ﷓de manera ostensible o encubierta﷓ de whiskerías, cabarets, y/o locales de alterne.

La edila radical consideró que "ante los últimos acontecimientos, como el cierre del Palacio Berlusconi, los informes de la dirección provincial de lucha contra la trata, sumados a los datos que contamos a nivel nacional de los altos porcentajes de víctimas de trata que son rescatadas de lugares habilitados por los municipios, realmente ameritaba que pongamos en discusión el proyecto".

Si bien Schmuck reconoce que su iniciativa no sea una solución a la trata y al proxenetismo, "por lo menos evita que el Estado mire para el costado cuando sabe que en esos lugares se cometen delitos, y que son el ámbito ideal para cometerlos". En este sentido, la concejala radical dijo que "no hay que conformarse con inspecciones periódicas si no directamente dejar de otorgarles la habilitación".

La edila confía en que sus colegas de la comisión de Gobierno apoyen la iniciativa. "Hay argumentos absolutamente respetables de algunos colegas que no estén de acuerdo que esta sea la solución, creo que es una herramienta más y es saludable el debate porque hay como una doble moral en esto, mucha gente lo condena públicamente pero después consume este tipo de lugares", precisó Schmuck.

Por otra parte, la concejal dijo entender que "muchos colegas que no están en el tema, a veces tengan una posición cautelosa, pero cuando uno realmente comienza a investigar y a comprometer se da cuenta que es una herramienta más. Por supuesto, después tiene que continuar con lo que está realizando la dirección provincial de Lucha contra la Trata con los `privados` junto con la justicia, que son muchos más y requieren investigaciones judiciales. Lo contradictorio es que el Estado sepa que allí se cometan delitos y lo siga habilitando".