La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, como institución, se constituirá como querellante en la causa que lleva adelante la Justicia Federal, por los delitos económicos cometidos contra la entidad y sus socios, durante la última dictadura militar. "Queremos poner al protagonista del hecho como querellante, y desde allí plantear la figura del genocidio cultural. La institución está en marcha", remarcó Marcelo Abaca, actual presidente de la Comisión Directiva, tras la renuncia de Augusto Duri, en enero pasado (ver aparte). Además, la causa avanza con las declaraciones de los testigos del saqueo que sufrió el proyecto Vigil; y la Justicia está organizando una inspección al edificio de Gaboto 450 "para ver in situ los lugares que fue ocupando la intervención" de 1977 -según indicó el fiscal Gonzalo Stara﷓, y que destituyó a la Vigil de todos sus bienes. En ese sentido, la provincia y la Comisión mantienen reuniones periódicas para avanzar en la recuperación de la sede, tal como lo plantea la ley aprobada en diciembre pasado por la Legislatura provincial, y que deberá concretarse antes de noviembre.

Mientras se suman los relatos sobre la intervención militar y lo que significó ese arrebato para la comunidad de la Biblioteca Popular y para la ciudad, la Justicia busca agilizar todas las medidas tendientes a avanzar con la causa, en relación con la recolección de pruebas. Entre las disposiciones más importantes, el fiscal Stara indicó que se está armando una inspección judicial en las instalaciones de la Vigil, cuyo desmantelamiento y apropiación a manos del estado terrorista es objeto del expediente judicial que instruye Stara. La idea es "tomar contacto directo con el lugar, con el escenario donde ocurrieron parte de los hechos investigados en la causa. La primera etapa del despojo se caracteriza ﷓a grandes rasgos y previa entrega coactiva de sus bienes a la intervención﷓ por la destrucción y robo de los bienes, con un claro objetivo ejemplificador; esto que la APDH en su denuncia calificara como genocidio cultural", recordó el fiscal. En tanto, la medida repercutirá "inexorablemente" en la causa Feced, considerando su íntima relación, dado que el centro clandestino montado en lo que fuera la jefatura de policía de la provincia fue el lugar elegido para atormentar a sus dirigentes, como parte de la mecánica delictiva investigada.

Stara precisó que la medida contará con testigos directos de los hechos, luchadores sociales que participaron de la construcción del inmenso proyecto de Vigil y que fueron testigo de su desmantelamiento. Esas presencias en las actuales instalaciones de lo que fuera el mayor emprendimiento pedagógico ﷓ cultural de América Latina, "permitirá comprender de cerca los alcances del plan de desguace económico y cultural implementado por la maquinaria de terror desplegada por la última dictadura militar en la ex biblioteca popular".

En el mismo sentido, Abaca consideró que se trata de una "oportunidad importantísima para que los implicados en la investigación tomen contacto real con el edificio, y lo que fue el deterioro" de éste.

Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión planteó la importancia de que la biblioteca como institución se presente como querellante, luego que en 2012 lo hicieran los miembros de la comisión directiva por entonces; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como organismo. "Desde el punto de vista popular, la cultura fue atacada. Hablar de genocidio cultural es hablar del ADN de la obra de la Vigil". La idea de la comisión, con el abogado Abaca como presidente y la arquitecta Celina Duri, como vice, es presentar la querella al juez Marcelo Bailaque, en unas dos semanas.

Entre otras medidas judiciales, se están enviando oficios para ubicar algunas obras de arte que pertenecieron a la Biblioteca, de autores reconocidos, que aparentemente habrían sido robadas. También se ofició a la multinacional IBM y al service oficial de aquella época, por las computadoras que poseía la biblioteca, en una sala conocida entonces como el Centro de Cómputos, y que en esa época eran prácticamente las únicas en la ciudad. También desaparecieron tras la intervención y posterior saqueo.

Por otro lado, y en el marco de la recuperación de bienes, Abaca indicó que avanzan a "paso firme" las reuniones con la provincia, a través del Ministerio de Educación, para recuperar en comodato el edificio de Gaboto 450, que cuenta con 4500 metros cuadrados, ya que actualmente, la biblioteca "que está en la etapa de recuperación de socios﷓ no tiene un lugar físico de funcionamiento.

En el mismo sentido, el letrado adelantó que está prevista una "inminente reunión" con la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para darle un impulso a la parte mutual de la biblioteca.

La Vigil llegó a constituir su Biblioteca en el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado en el interior de Argentina. La última dictadura que asoló al país, la intervino el 25 de febrero de 1977. En ese entonces, se desarticuló la organización institucional, se persiguió y secuestró a sus dirigentes, se liquidó el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas, fueron cesanteados docentes, empleados y obreros, se interrumpieron prestaciones esenciales (guardería, servicio materno infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para las autoridades, la APDH y las víctimas constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos".

La causa se conformó como tal el 6 de agosto de 2012, cuando el juez Bailaque hizo lugar al requerimiento de instrucción del fiscal Gonzalo Stara.